Luego de la llegada de miles de personas en contexto de migración provenientes de Centroamérica a Tijuana, la polarización social ha crecido entre quienes expresan un rechazo a la llamada “caravana migrante” como resultado del comportamiento negativo de una fracción del contingente, así como de las que se inclinan por un trato digno en el marco de los derechos humanos.
Momentos clave se han dado para generar incertidumbre, molestia e inconformidad, como su entrada abrupta al sur de México, el alboroto en Playas de Tijuana y la protesta multitudinaria del domingo 25 de noviembre que obligó al cierre de la garita de San Ysidro por horas, agravando la situación cuando un segmento numeroso intentó ingresar por la fuerza a Estados Unidos y como consecuencia dejó pérdidas cuantiosas para el comercio binacional regional.
Por otra parte, la ya reconocida crisis humanitaria que se ha concentrado en la unidad deportiva Benito Juárez, espacio en el que han vivido hacinadas alrededor de cinco mil personas, cuya vida diaria depende del voluntariado, organismos internacionales e instituciones gubernamentales, pero con una escasez de todo y más de información, manda un mensaje de emergencia para una pronta intervención multinacional.
Pérez Canchola
Al respecto José Luis Pérez Canchola, consejero de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, calificó como crítico el problema migratorio y más luego de lo suscitado en el área cercana al cruce con el país del norte y que alcanzó ya su momento más álgido, lo que demuestra la determinación de un grueso de la gente a no regresar a su lugar origen, al menos de no de manera inmediata y haber intentado por la vía legal “cruzar al otro lado”.
“Hubo amenazas de los agentes norteamericanos, pero las fuerzas policiacas mexicanas estuvieron a la altura; lo que debe hacerse ahora es una coordinación de los tres niveles de gobierno para apoyar a todas las personas, en particular a mujeres y niños”, manifestó Pérez Canchola luego del conflicto en el “puente”, como se refieren entre los migrantes a la puerta de acceso a la Unión Americana.
Quien también fuera Procurador de los Derechos Humanos de Baja California (1991-1994), dijo que el Gobierno Federal al mando del Presidente Enrique Peña Nieto, dejó esto a “manos libres”, lo que detonó un descontrol que pudo haberse evitado desde antes de la entrada a Chiapas.
AMLO
Ahora ante la llegada de Andrés Manuel López Obrador al Poder Ejecutivo, quien durante esta compleja situación y en calidad de Presidente Electo, ya ha tenido reuniones con lo que será su Gabinete, se espera la aplicación de medidas contundentes desde un enfoque humanitario para garantizar un estado de bienestar no solo a las mujeres y hombres que partieron de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, sino de todas aquellas que sean parte de México.
“El nuevo gobierno tiene en sus manos un paquete muy importante, pero además con una certeza de que Andrés Manuel tiene un sentimiento humanista y dará órdenes de cómo se resolverá esto”.
Sobre el alcalde
En cuanto a las acciones y declaraciones del alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, dijo que son lamentables, por lo que es “necesaria una reprimenda”.
Aclaró que una autoridad debe poner por delante el aminorar los efectos de una migración como esta y apoyar a la gente, pero en el caso del presidente de esta ciudad, “dejó mucho que desear”.
Un derecho humano
“Naciones Unidas tiene un principio, que el derecho migrante, es un derecho humano; la seguridad de las personas va más allá de la frontera y hay que poner por delante el derecho de la gente”.
Por último, José Luis Pérez Canchola sostuvo que la gente al ya estar en la entidad, debe ser atendida aquí, sin propiciar un problema mayor.
“La gente ya está aquí, tiene que atenderse el problema aquí, ya no es prioritario andar pidiendo documentos para ver cómo entraron, pues hay muchas familias y niños; lo que ahora procede es empezar a resolver esto y no a complicarlo más”.
