Un nuevo informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre la privacidad en la era digital advierte sobre las serias amenazas a las que se enfrenta el derecho a la intimidad de las personas por el uso cada vez más extenso de herramientas tecnológicas de vigilancia, control y opresión.
Debido a esta circunstancia, el estudio pide el control de estos medios cibernéticos mediante una regulación eficaz que cumpla con las leyes y las normas internacionales de derechos humanos.
El análisis se centra en tres áreas específicas: el abuso que cometen las autoridades estatales con las herramientas de piratería intrusiva (los programas espía, o “spyware”); el papel clave que desempeñan los métodos de encriptación en la protección de los derechos humanos en línea; y las repercusiones de la vigilancia digital generalizada de los espacios públicos, tanto en línea como fuera de internet.
“Las tecnologías digitales aportan enormes beneficios a las sociedades. Pero la vigilancia omnipresente tiene un alto coste, ya que socava los derechos y frena el desarrollo de democracias dinámicas y plurales“, afirmó la Alta Comisionada en funciones para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif.
“En resumen, el derecho a la privacidad está más en peligro que nunca”, subrayó y destacó que “por eso es necesario actuar y hacerlo ahora”.
Los programas espía transforman nuestros teléfonos en dispositivos de vigilancia
En el primer caso, el informe detalla cómo algunas herramientas de vigilancia -por ejemplo, el programa informático “Pegasus”-, pueden convertir la mayoría de los teléfonos inteligentes en “dispositivos de vigilancia las 24 horas del día“, permitiendo al “intruso” acceder no sólo a toda la información almacenada en nuestros móviles, sino que también los convierte en un arma para espiar nuestras vidas.
“Aunque supuestamente se despliegan para combatir el terrorismo y la delincuencia, estas herramientas de espionaje se han utilizado a menudo por razones ilegítimas, como la represión de las opiniones críticas o disidentes y de quienes las expresan, incluidos los periodistas, las figuras políticas de la oposición y los defensores de los derechos humanos“, afirma el informe.
Por ello, subraya la necesidad de tomar medidas urgentes para afrontar la propagación de los programas espía, y reitera el llamamiento a una moratoria sobre el uso y la venta de herramientas de piratería informática hasta que se establezcan las garantías adecuadas para la protección de los derechos humanos.
El informe sostiene que la intervención electrónica de un dispositivo personal por parte de las autoridades sólo debería efectuarse como último recurso y en casos que sirvan “para prevenir o investigar un acto específico que suponga una amenaza grave para la seguridad nacional o un delito grave específico”.
