La educación es un derecho que tienen todas las personas, tal como se expresa en el Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948), así como en el Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que no debe privarse de esta prerrogativa, sino más bien elevar su garantía, diversidad, acceso y calidad.
En ese sentido, toda lucha social fundamentada en este principio humano ha sido justificada al momento o si no, tiempo después, sin embargo estas defensas, reclamos o propuestas no siempre han sido bien vistas por todos los grupos y sectores de la población cuando se ven afectados intereses o se desconoce la sustancia ideológica que las anima y sostiene.
El camino no ha sido sencillo, mucho menos cuando se trata de la educación superior, tal es el caso de la Universidad Autónoma de Baja California Campus Tijuana, cuando el 5 de febrero de 1971 un movimiento estudiantil conocido como “Campestre o nada” ocupó las instalaciones del Club Campestre, un espacio dedicado al golf y al que solo se puede entrar o ser parte siendo socio o al menos con invitación.
Hay voces críticas que ven aquel capítulo como algo incómodo, pero muchas más son las que se han pronunciado 50 años después por la proeza de adolescentes y jóvenes al demostrar la imperante necesidad de poder contar con espacios físicos para la construcción de edificios propios para la UABC en la ciudad. Tiempos aquellos de rigidez gubernamental y sin redes sociales digitales, pero con voluntad y unidad fue que consiguieron acelerar algo que parecía inminente, el que la llamada “casa máxima de estudios” se viese materializada como tal.
En torno a este particular evento que es parte de la historia de Baja California, hay infinidad de testimonios de mujeres y hombres que estuvieron ligados a ese suceso que se convirtió en un parteaguas universitario, tal es el caso del contador público José de Jesús Águila Meza, quien además tiene Maestría en Administración y Doctorado en Ciencias de la Administración, ambos posgrados por la UNAM.
Tenía 18 años cuando se sumó a la marcha que llegó hasta las puertas del exclusivo complejo golfista ubicado en la inmediatez de la zona residencial de mayor poder adquisitivo, toda una anécdota que a cinco décadas del hecho plasma en la estructuración de un libro junto a la historiadora Deisy García.
“Para entender el movimiento de 1971, primero hay que poner en relieve la historia de Baja California y surgimiento de la UABC”, expresó el también maestro universitario.
Es así que para tener un mayor panorama resulta importante saber que apenas en la década de los 50, Baja California dejó de ser un territorio y se convirtió en un estado, libre y soberano, el número 29 de la República Mexicana (1952).
En aquellos años fueron varios los jóvenes que respaldados económicamente por sus familias tuvieron la oportunidad de trasladarse al entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, para estudiar en alguna de las instituciones de educación superior con sede en la capital del país.
Allá formaron un club de universitarios tijuanenses -relata Águila Meza-, lo que al paso del tiempo les dio la fortaleza para proponer al naciente gobierno bajacaliforniano, la creación de una universidad pública en la entidad, algo que se concretó con la UABC vía decreto en 1957.
“No se contaba con instalaciones propias, por lo que se le prestaron aulas en diferentes escuelas preparatorias para las pocas carreras que se abrieron de manera inicial en Mexicali, luego en Tijuana y Ensenada”.
Ya para los finales de los 50 la UABC fundó la Preparatoria Número 2 en Tijuana pero sin edificio, haciendo uso temporal de un inmueble a corta distancia de la la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, de ahí se trasladó a la escuela primaria Patronato, como antesala de lo que al tiempo se convertiría en su nueva sede, el plantel Álvaro Obregón, hoy Casa de la Cultura en la colonia Altamira. Fue hasta 1960 cuando al fin tuvo su propio espacio en la colonia Juárez, esto luego del surgimiento de un movimiento con fines académicos que realizó la gestión con el presidente de México Adolfo López Mateos, convirtiéndose así en el primer inmueble cimarrón en la ciudad.
Fue a inicios de los sesenta cuando ya se formaban los futuros profesionistas en áreas administrativas, pero todavía en aulas compartidas con preparatorianos. Algo similar sucedió con los estudiantes de Economía que hicieron parte de su carrera en los salones del colegio particular Mentor Mexicano, por la noche.
Justo en 1970 y tras diversos sucesos que sacudieron al mundo, el estudiantado universitario empezó a buscar respuestas y soluciones ante la falta de “casa” propia que les brindase el cobijo del conocimiento, pues iba en ascenso el aspirantado, pero ante una escasez de sillas o mesabancos que pudiesen ser ocupadas. La meta en ese entonces se convirtió en obtener terrenos para la UABC.
Águila Meza puntualizó que no debe olvidar la aparición en la región de la empresa ICSA (Inmuebles Californianos, S. A.), cuya encomienda y ambición fue el reclamar lo que considera suyo, por derecho, la propiedad de todo lo que es Tijuana, una buena parte o al menos lo que les interesa por su valor monetario.
La compañía que de acuerdo a un documento (fechado en enero de 1967) en poder del INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia), los supuestos directivos, Carlos I. Serrano y José Ángel Cisneros, reclamaron la posesión de todos los predios “no construidos hasta 1962 y que formen parte de lo que fue el Rancho Tijuana, propiedad original de un Sr. Argüello, militar de la República que después de 1847 se quedó a vivir en los Estados Unidos, y cuyos descendientes actuales pasaron sus derechos de sucesión a ICSA, la que ahora reclama la devolución de los terrenos”.
La llegada de Inmuebles Californianos propició una encrucijada jurídica durante una década, hasta que en 1971 un juez federal le dio el gane a los empresarios en cuanto a sus derechos de propiedad sobre el área del Campestre, un suelo de peculiar interés para estos, al igual que las zonas Hipódromo y Chapultepec.
Si bien los dos últimos casos mencionados se llegó a un acuerdo con ICSA, no sucedió lo mismo con el Club, sin embargo los socios del campo de golf decidieron romper los sellos e invadieron el Campestre o al menos regresaron a algo que igual por derecho les pertenecía. La debacle legal continuaba.
Ante esa situación y tratando de evitar que la ICSA consolidara su poder en la ciudad, además de incertidumbre en el resto de la población que ya tenía sus casas en pie, pero con el temor de poderlas perder, fue que el gobernador Raúl Sánchez Díaz decretó la expropiación del Campestre para “utilidad pública”, lo que daba un respiro y esperanza a los golfistas.
Se hizo la expropiación y el grupo de estudiantes que desde antes buscaba un terreno para la UABC, vieron la posibilidad a partir de ese decreto de poder hacer uso del terreno o al menos hacer ruido para agilizar una respuesta gubernamental a sus demandas legítimas.
Para el 5 de febrero de 1971 los jóvenes tuvieron un mitin a la altura del Jai Alai en la avenida Revolución, para ser precisos en lote baldío en donde ahora se encuentra el restaurante Sanborn´s de la calle Novena; acordaron marchar y avanzaron hasta llegar hasta el Club Campestre, pero antes se concentraron en el monumento al Libro de Texto Gratuito que está frente al predio reclamado por unos y otros.
Desde ahí se habló fuerte en cuanto a sus exigencias y derechos en materia educativa; tuvieron un acercamiento con los socios para pedir les permitiesen la entrada, pero al haber oposición se procedió a la invasión, obligando a la desocupación de aquellos que poco antes habían entrado al romper los sellos en rebeldía al juez que se había inclinado por ICSA.
“Durante casi tres meses estuvimos ahí. Dormíamos en casas de campaña; recibíamos comida de la gente y otros apoyos. No solo había universitarios, sino muchos estudiantes de preparatoria y hasta de secundaria”.
José de Jesús Águila Meza, quien ahora también es docente en la UABC, reconoció que de alguna manera esa invasión era un apoyo indirecto hacia los socios, porque continuaba el pleito legal contra ICSA, pues llamó la atención de la población y atrajo a la prensa, dando como resultado que las autoridades vieran esto como una prioridad por resolver.
Puntualizó que el nombre dado al movimiento, “Campestre o nada“, surgió luego que un grupo de estudiante buscó con el gobierno federal alternativas de solución, algo que de alguna manera progresaba, sin embargo las propuestas dadas por la autoridad no convencieron a los jóvenes manifestantes por tanto al unísono gritaron una y otra vez, “Campestre o nada”, esto al sostener que las opciones ofrecidas no eran las mejores.
Recuerda que el movimiento empezó a decaer cuando el gobierno federal autorizó la entrega de 20 hectáreas en Otay para la universidad, por lo que poco a poco la efervescencia disminuyó al considerarse que ya no había necesidad de continuar con las acciones o al menos no dentro del Club Campestre.
“El gobierno ya tenía un proyecto listo para construir la universidad en Otay, una zona alejada en ese entonces, de difícil acceso y en la que el suelo se dedicaba a la agricultura. El gobierno ya había hecho la expropiación allá en donde ahora se encuentra la UABC, pero no se sabía, no se había dicho nada”, comentó Águila Meza en entrevista para CiudadTijuana.
Detrás de “Campestre o nada” hay muchas historias y algunas que parecen ser leyendas urbanas, pero sin duda forjaron parte de la identidad de la UABC y sacudieron a la sociedad tijuanense aquel año a tal grado que a cinco décadas de distancia, ya no es un movimiento, sino una asociación civil, que si bien no busca ya un terreno como en 1971, sí darle fuerza al espíritu universitario y el amor por la Máxima Casa de Estudios, patrimonio de Tijuana y Baja California.
Lo que sucedió con ICSA, el Club Campestre y hasta con el movimiento, ya son motivo para escarbar en el pasado y darle forma a otros relatos para conocer y comprender la historia de Tijuana.
