Fue en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe donde se tomó la decisión de declarar el 28 de septiembre como el Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y del Caribe que después fue conocido como Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro.
La Suprema Corte de Justicia avaló el pasado 6 de agosto una Norma Oficial Mexicana (NOM) de 2016 que ordenó a todos los hospitales públicos interrumpir embarazos que sean resultado de una violación, sin necesidad de que la víctima denuncie el delito ante el Ministerio Público ni de verificar si el delito realmente existió.
En el cuarto de una clínica médica de la Ciudad de México, antes de iniciar el proceso de aborto, la ginecóloga que atendió a Sandra* le reprochó con enojo -“fíjate aquí está”- refiriéndose al producto mientras hacía el ultrasonido para determinar el periodo de gestación y el método adecuado que necesitaría para interrumpir el embarazo.
En 10 años, entre 2007 y 2017, tres mil 900 mexicanas fueron criminalizadas por interrumpir su embarazo, con la apertura de carpetas de investigación, bajo la presunción de haber cometido el delito de aborto que mantienen en sus códigos penales la mayoría de las entidades, afirman Martha Paola Fernández Lozano y María Lucely Cervantes Pérez del área jurídica del grupo Las Libres, de Guanajuato.
El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley General de Salud para que el personal médico y de enfermería que forma parte del Sistema Nacional de Salud pueda negarse a realizar prácticas médicas que van en contra de sus creencias religiosas o éticas, por ejemplo, la interrupción del embarazo no deseado cuando una mujer solicite ejercer este derecho.
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