De manera subrepticia, en plena campaña electoral, el presidente Enrique Peña Nieto decidió que si no se podía por la vía de una nueva ley, el gran negocio del agua tenía que hacerse mediante decreto presidencial. Y así fue que el 6 de junio pasado, en el Diario Oficial de la Federación, Peña Nieto firmó un decreto que autoriza el “reordenamiento” de 295 de un total de 757 cuencas hídricas del país, que representan el 55 por ciento de las aguas superficiales.