Cientos de civiles, entre ellos unos 44 niños habían muerto hasta el 31 de marzo en la ola represiva que aqueja a los birmanos. Una niña de siete años recibió un disparo mientras estaba en su casa. Dos representantes especiales para la violencia y la infancia condenaron los embates de las fuerzas de seguridad de Myanmar contra la población civil, incluidos los menores de edad.
El titular de la ONU condena la toma del control del país por parte de los militares y pide que todos los líderes actúen en el mayor interés de la reforma democrática de Myanmar, entablando un diálogo significativo, absteniéndose de la violencia y respetando plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Una misión de investigación independiente sobre la situación de los derechos humanos en el país asiático ha encontrado pruebas de que los militares birmanos utilizan las empresas que controlan para apoyar acciones brutales contra grupos étnicos. También pide que consumidores, inversores y compañías nacionales y extranjeras eviten tratar con las firmas de los militares.
Las muertes se produjeron por disparos indiscriminados contra los aldeanos que huían. Muchos también fueron quemados vivos en sus hogares, entre ellos ancianos, personas con discapacidad y niños. Otros murieron a causa de hachazos.