La tarde del pasado jueves 8 de febrero fue asesinada en su salón de belleza la activista conocida como Ángela Meraz León, conocida como Angelita Meraz, quien se uniera a la colectiva de búsqueda Unión y Fuerza por Nues4tros Desaparecidos cuando desapareció su hermano.

Angelita Meraz se encontraba en su negocio en la colonia Loma Alta, al oeste de la ciudad fronteriza de Tecate, cuando sobre las dos de la tarde un hombre le disparó. El feminicida escapó de la zona y a un kilómetro del local quemó el vehículo que conducía.

Meraz León buscaba a su hermano José Juan Vázquez, desaparecido desde el año 2018, lo que la llevó a liderar esta organización y encabezar jornadas de búsqueda en distintos puntos del estado.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) condenó el asesinato de la buscadora de personas desaparecidas y urgió a las autoridades de procuración de justicia esclarecer los hechos.

Este viernes, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, confirmó que ya se identificó al presunto responsable del asesinato de Angelita Meraz, dijo: “el caso del asesinato de esta compañera nos preocupó y nos llevó a hacer la investigación sobre lo sucedido, ella tenía una protección de las autoridades locales, ya había manifestado tener amenazas incluso había hecho una solicitud acá, al Gobierno federal”.

“Ya se tiene identificado al presunto responsable y es un asunto que tenemos que ver con calma y no adelantar nada, pero todo indica que no hay relación con lo que ella hacía muy bien de buscar a un hermano desaparecido en el 2018″.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) urgió a las autoridades de procuración de justicia a investigar y esclarecer el asesinato de Angelita León, activista de búsqueda de personas desaparecidas, hechos que sucedieron en el municipio de Tecate.

El ombudsperson, Jorge Ochoa, emitió un llamado particularmente a la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las diligencias necesarias que permitan determinar el origen de esta agresión y evitar la impunidad. Asimismo, el presidente de la CEDHBC subrayó que cualquier atentado a las personas defensoras de derechos humanos es un agravio a la totalidad del tejido social por sus implicaciones estructurales; informó que el Organismo Público Autónomo abrió, de forma oficiosa, un expediente de investigación para revisar la actuación de las autoridades en la atención a este caso y por tratarse de un ataque a una persona defensora de los derechos humanos.

Las defensoras

Cuando desapareció su hermano Juan José, la activista emprendió un camino al que se sumaron las largas jornadas de búsqueda y, también el hecho de ser amenazada constantemente por su trabajo como buscadora. Se dice que había denunciado en varias ocasiones ante las autoridades, sin que existiera una respuesta clara para darle protección.

El mensaje por parte de las organizaciones de la sociedad civil es contundente, la herida está abierta, no están conformes con el estado actual de inseguridad que se vive en nuestro país y seguirán adelante, luchando.

“Ya no tenemos palabras para expresar nuestra rabia, indignación, dolor y desesperanza. Vivimos en un país acostumbrado a la barbarie”, increpó la agrupación Glorieta de las y los Desaparecidos de la ciudad de México.

Por su parte, Ceci Flores, Madre Buscadora emitió un mensaje en sus redes sociales para pedirles a los cárteles: «ya no nos maten», por lo que se unen las colectivas para pedir que no las violenten y les dejen seguir buscando, nuestra única lucha es por encontrar a nuestros desaparecidos y tener esa paz que tanto buscamos.

La opacidad

A finales del año pasado, familiares y colectivas de personas desaparecidas acudieron a la Secretaria de Gobernación para expresar rechazo ante las cifras que el gobierno federal diera sobre la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas con 12 mil 377 casos de ese tipo, exigiendo a las autoridades: “dejen de mentir y maquillar cifras”, declararon.

En esa ocasión, la respuesta de Luisa María Alcalde, titular de la Secretaria de Gobernación, fue: “A la fecha hay 26 mil 90 registros sin datos suficientes para identificar; 36 mil 22 registros sin indicios para la búsqueda y 12 mil 377 confirmaciones de desapariciones”.

Cabe destacar, que en los últimos años, el crimen organizado ha violentado a las mujeres integrantes de las colectivas y organizaciones de la sociedad civil quienes tratan de buscar a sus familiares desaparecidos. Las asociaciones han solicitado permiso y una suerte de tregua a las organizaciones delictivas para intentar hallar los restos de sus familiares.

“El último caso fue el de Lorenza Cano Flores, madre buscadora que fue secuestrada en la localidad guanajuatense de Salamanca después de que asesinaran a su hijo y su esposo. Se detuvo a dos supuestos implicados en la desaparición de Cano. Sin embargo, ella sigue en paradero desconocido”, destacan los medios informativos.