El presidente saliente de Provino Baja California, Wenceslao Martínez Payán, anunció que se ha aceptado el proyecto para que los vinos de la región cuenten con una Indicación Geográfica Protegida (IGP), un reconocimiento federal que busca dar mayor prestigio y certidumbre al consumidor sobre el origen de los productos.
Martínez Payán explicó que este certificado se obtiene a través del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y funciona de manera similar a una denominación de origen, aunque con reglas menos estrictas. “La idea es proteger a Baja California, los vinos de Baja California. Fielmente creemos que el proteger esta identidad, esta calidad que Baja California tiene es el siguiente paso para seguir siendo líderes”, señaló.
El dirigente recordó que Querétaro ya cuenta con una IGP, aunque aún no la ha puesto en práctica, mientras que Baja California ya trabaja en su implementación. “Una cosa es tener un certificado y un papel, pero la otra es quién va a revisar, quién va a inspeccionar, quién se va a asegurar que la fruta que se está cosechando en el estado sea realmente Baja California”, advirtió.
El proyecto, respaldado por recursos de FIDEM municipal y estatal, contempla la firma de convenios con el Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y el Centro de Estudios de la Vid y el Vino (CEBIT). El COLEF desarrollará la parte social y normativa que exige el INPI, mientras que CEBIT trabajará en los lineamientos técnicos. “Nosotros mismos nos podemos ahorcar o podemos ser tan relajados como queramos, pero aquí va a ser la clave: llegar a consensos”, comentó Martínez Payán.
El proceso podría tardar entre uno y dos años, con la expectativa de que en 2026 se defina y finalice. “Esperamos que empiece a fluir un poquito más rápido a nivel INPI federal, porque ya hay interés del gobierno estatal e incluso del gobierno federal para que se desarrollen más IGPs en el país”, dijo.
Martínez Payán destacó que Baja California sigue siendo líder nacional en producción de vino, aunque su participación ha bajado del 90% al 70% en los últimos años debido a retos como la falta de agua y el alto costo de la tierra agrícola. Actualmente, el estado cuenta con más de 200 proyectos vitivinícolas, alrededor de 600 etiquetas, siete valles desarrollados y una producción anual de entre 2 y 2.5 millones de botellas. Además, el 90% de los productores son micro y medianos, lo que aporta diversidad y estilos únicos.
En los últimos cinco años, los vinos bajacalifornianos han obtenido más de 1,000 medallas internacionales, incluyendo 62 preseas en el Concurso Mundial de Bruselas 2025 realizado en Chihuahua. “El beneficio más inmediato de la IGP es darle mayor certidumbre al consumidor. Que cuando veas una etiqueta sepas que es un vino hecho en Baja California, con calidad garantizada”, puntualizó.
Finalmente, advirtió sobre la necesidad de frenar la competencia desleal. “Hay productores en otras partes del país que se llevan fruta de Baja California y hacen vinos queretanos o zacatecanos. La IGP servirá para proteger el producto bajacaliforniano y evitar que se use indebidamente el nombre de nuestra región”, concluyó.
Cobertura informativa de Mónica Peraza Ramirez e Isaías Plascencia Rosales
