La extorsión, uno de los delitos más extendidos y devastadores en México, será perseguida como delito grave federal tras la aprobación de una reforma constitucional al artículo 73. Esta modificación permitirá a las autoridades federales investigar, perseguir y sancionar directamente este crimen, que hasta ahora era competencia estatal y municipal.
La reforma, presentada el pasado 10 de julio por la Presidenta de la República, incluye por primera vez la palabra extorsión en el catálogo de delitos graves junto al secuestro, la desaparición forzada, la trata de personas y la tortura. Con ello, se abre la puerta a la creación de una ley específica que deberá ser expedida en un plazo máximo de 180 días.
“Ya no dependeremos de lo que digan las leyes estatales. El mando único de seguridad, con apoyo de centros de inteligencia, será el encargado de investigar y desmantelar las células criminales que se dedican a este delito”, señaló la diputada Ana Erika Santana durante una sesión con comerciantes de la Avenida Revolución.
Durante 2023, se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión en México, con una tasa de 5,213 casos por cada 100,000 habitantes. El 67% de las víctimas entregaron lo solicitado, y apenas el 6.7% de los casos fueron denunciados. El impacto económico fue brutal: se estima que los comercios gastaron más de 124 mil millones de pesos en medidas de seguridad, sin lograr frenar el fenómeno.
La iniciativa no solo busca castigar, sino también proteger. Se contempla la creación de oficinas de denuncia anónima, atención psicológica y tanatológica para las víctimas, y mecanismos de acompañamiento integral. “No se trata solo de tipificar el delito, sino de atender el daño profundo que deja en las familias y en la economía”, enfatizó Santana.
Durante la sesión, se compartieron testimonios de extorsión sufrida por familiares cercanos a los comerciantes,incluyendo casos de cobro de piso a despachos jurídicos, médicos y cooperativas. También se relató cómo comerciantes de la colonia Herrera se organizaron para denunciar colectivamente a extorsionadores, logrando su detención.
La reforma también contempla sanciones más graves para funcionarios públicos que colaboren, omitan o participen en actos de extorsión. En caso de tener fuero, se propone que el proceso de desafuero inicie una vez que la carpeta de investigación esté debidamente integrada y aceptada por un juez.
