La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su titular Ernestina Godoy Ramos, presentó este martes el informe inicial sobre las investigaciones del accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de diciembre en el kilómetro 230+290 de la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, en el poblado de Nizanda, Oaxaca, perteneciente al Corredor Interoceánico. La fiscal expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y aseguró que la institución trabaja con todas sus capacidades para garantizar justicia.
Godoy Ramos informó que desde el primer día personal ministerial, peritos y agentes de la Agencia de Investigación Criminal se trasladaron al lugar para iniciar la carpeta de investigación, apoyar en la atención a personas lesionadas, realizar el levantamiento de cuerpos y llevar a cabo las diligencias periciales correspondientes. Entre las acciones realizadas se encuentran inspecciones a la vía férrea, revisión del tren involucrado —dos locomotoras y cuatro coches acoplados—, recolección de indicios, levantamiento topográfico y la recuperación de la caja registradora de eventos, conocida como caja negra.
La fiscal detalló que, con base en la información técnica y normativa recopilada, la velocidad máxima permitida en el tramo del siniestro era de 50 kilómetros por hora, pero la caja negra registró que el tren ingresó a la curva a 65 kilómetros por hora. Además, en zonas rectas alcanzó velocidades de hasta 111 kilómetros por hora, cuando el límite autorizado era de 70. Subrayó que la caja negra es un dispositivo inalterable y altamente confiable, cuyos datos fueron extraídos con cadena de custodia.
De acuerdo con los peritajes, no se encontraron fallas en la infraestructura ferroviaria ni en los componentes del tren que pudieran haber puesto en riesgo su operación. Las ruedas, mecanismos de acople, zapatas y demás elementos se encontraban en condiciones adecuadas. Asimismo, se verificó que el sistema de frenado funcionaba correctamente, ya que el tren redujo su velocidad e incluso se detuvo por completo en estaciones previas al siniestro. Sin embargo, tras estas detenciones, el maquinista aceleró de manera súbita hasta superar los límites permitidos.
Godoy Ramos explicó que el exceso de velocidad en un tren es especialmente peligroso debido al peso, la masa y el radio de las curvas, factores que incrementan la fuerza centrífuga y pueden provocar el descarrilamiento, como ocurrió en este caso. Con base en los hallazgos, la FGR determinó que las personas responsables de la operación del tren no cumplieron con la normatividad vigente.
Por ello, la institución decidió ejercer acción penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y ministerios públicos continúan realizando diligencias para fortalecer la investigación. La fiscal señaló que se mantienen trabajos periciales adicionales en áreas como topografía, geotecnia, calidad de materiales y análisis de interacción rueda‑riel, con el fin de descartar otros posibles factores.
Godoy Ramos destacó que la FGR trabaja de manera coordinada con diversas instituciones federales en una Mesa Permanente de Atención a Víctimas, donde se integran expedientes clínicos y se elaboran dictámenes para garantizar la reparación integral del daño. La empresa ferroviaria, dijo, ya ha comenzado a colaborar en este proceso.
Finalmente, la fiscal aseguró que la institución mantendrá informada a la opinión pública, respetando en todo momento el debido proceso y la reserva legal de la investigación. “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, concluyó.
