El marco jurídico del agua en México y la relación binacional con el Acta 333 han dado un giro significativo. En un foro que reunió a académicos, estudiantes y ciudadanos en la UABC, el diagnóstico fue contundente: Baja California se encuentra en una «zona de interacción» donde las leyes nacionales y los tratados internacionales deben encajar con precisión para evitar una crisis sin retorno. Para expertos como la Mtra. Patricia Ramírez Pineda y el Dr. Alfonso Cortez Lara , el reto no es solo la publicación de la nueva Ley General de Aguas, sino su implementación. Se celebró que las nuevas concesiones se basen en la disponibilidad real de la cuenca y no en «derechos de papel», pero advirtieron que sin reglamentos claros y una CONAGUA fortalecida, los cambios serán insuficientes.
La Dependencia Binacional: El factor Río Colorado
El Dr. Marco Antonio Samaniego recordó la fragilidad de nuestra fuente de abastecimiento: el agua de Tijuana y Mexicali depende de decisiones tomadas en E.U. ante la sequía del Río Colorado. El Acta 333 es vista como un reconocimiento de que las metas anteriores no se cumplieron, obligando a una planeación más lenta pero detallada para enfrentar los recortes inminentes.
El foro no se limitó a la teoría legal. Los asistentes y ponentes sumaron críticas urgentes sobre la gestión operativa actual: se denunciaron las fugas de agua potable y el manejo deficiente de las aguas residuales. Se cuestionó la utilidad de construir plantas de tratamiento si no cuentan con presupuesto para operación y mantenimiento. Se puso sobre la mesa el alto costo ambiental y ecológico de los proyectos de la desaladora. El impacto a los ecosistemas marinos y el consumo energético masivo fueron señalados como factores que podrían hacer de esta «solución» un problema mayor.También se abordó el problema añejo de la cuenca del Río Tijuana, hoy asfixiada por la contaminación de nuestra propia basura. Este foco de infección binacional sigue siendo la gran asignatura pendiente de la gestión urbana y ambiental.
El Mtro. José Carmelo Zavala cerró con un dato alarmante sobre la desigualdad: mientras unos pagan 20 pesos por metro cúbico, en la periferia se pagan hasta 200 pesos por un servicio deficiente. La conclusión fue unánime: para que el 2026 sea un año de avance, la participación social debe ser el contrapeso que obligue a pasar de los discursos legales a las soluciones reales en cada hogar.
