La gestión del agua en Baja California atraviesa un momento crítico que no se resolverá únicamente con reformas legales. Así lo advirtió la Mtra. Patricia Ramírez Pineda, representante de la Asociación Mexicana de Hidráulica (AMH) en BC, quien señaló que el verdadero reto radica en la gobernanza, la estabilidad institucional y la transparencia.
El mito del marco legal como solución única
Para la especialista, las modificaciones a las leyes buscan un mejor control, pero la problemática debe visualizarse de manera integral. «El tema de las leyes solamente es uno de los principios de la gobernanza», explicó. Según Ramírez Pineda, para que un sistema de agua funcione, no basta con el papel; se requieren principios de efectividad, eficiencia, confianza y participación ciudadana. Sin instituciones fortalecidas técnica y económicamente, los planes se quedan en el diseño. La maestra enfatizó que, aunque la prioridad por ley es el consumo humano, en la práctica este derecho se ve comprometido por la falta de capacidad operativa.
Baja California: Una cuenca binacional bajo presión
La situación en el estado es más compleja que en el resto de la frontera. Al formar parte de una cuenca binacional (Río Colorado), Baja California enfrenta riesgos geopolítico «Ya en la primera administración del presidente actual de EE. UU. se visualizaba la posibilidad de bloqueos en el Río Colorado. ¿Qué vamos a hacer si sucede? Realmente necesitamos un plan para diversificar fuentes y empujar el reúso», advirtió la Mtra. Ramírez. Uno de los datos más alarmantes compartidos por la experta de la AMH es la inestabilidad administrativa. Mientras que a nivel nacional un director de un sistema de agua dura en promedio 1.5 años, en Baja California el índice es menor a un año. Esta rotación impide que los funcionarios terminen de entender la problemática antes de ser reemplazados, cortando de tajo la continuidad de proyectos estratégicos y la curva de aprendizaje necesaria para gestionar un recurso tan vital.
El «Vía Crucis» del reúso y la burocracia
Ramírez Pineda fue enfática al señalar la falta de alineación entre los niveles de gobierno. Intentar implementar proyectos de tratamiento y reúno de agua se convierte en un «vía crucis» de trámites y permisos. «Casi casi la autoridad es ‘cómo no lo hagas'», lamentó, instando a las autoridades a facilitar la normativa para quienes buscan cumplir con la ley y aportar soluciones. Finalmente, la maestra hizo un llamado a la sociedad civil organizada para exigir sinceridad y transparencia en la información hídrica. La falta de datos confiables y actualizados impide tomar decisiones acertadas.
«Seguimos haciendo las cosas igual y no podemos esperar resultados diferentes», concluyó, invitando a las nuevas generaciones a integrar tecnología y nuevas visiones para romper con los esquemas tradicionales que ya no funcionan en la frontera.
