En conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la iniciativa de Reforma Indígena será presentada en el paquete de reformas constitucionales del 5 de febrero. El gobierno federal acordó presentar dicha iniciativa al Congreso, como parte de los acuerdos que derivaron de un amplio proceso de participación y consulta con pueblos y comunidades lo que beneficiará a mujeres indígenas y afromexicanas, un avance desde la elaboración de la iniciativa desde comienzos del sexenio.

Un aspecto de gran relevancia es la garantía del derecho a la participación de las mujeres indígenas y afromexicanas en condiciones de igualdad en todos los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural y en los procesos de desarrollo comunitario. Además, se deberá garantizar su acceso a la justicia; y a ser electas en cargos de representación en todos los niveles de gobierno.

Al respecto, en septiembre del año pasado, la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI) en su manifiesto político: Mujeres indígenas, una agenda política pendiente del 2018, señaló que el lema del presidente de México, “por el bien de todos, primero los pobres” no se ve reflejado en los hechos hacia los pueblos indígenas y afromexicanos, menos hacia las mujeres de estos pueblos. Además señalaron que en tiempos electorales solo ‘usan su imagen, pero no garantizan sus derechos’.

La semana pasada, el 24 de enero, integrantes de Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), colectivo conformado por más de 240 comunidades y pueblos originarios y afromexicanos presentes en 18 estados del país, entregaron en Palacio Nacional una carta en la que solicitan que se integrara dicha iniciativa en el paquete de reformas del ejecutivo. Por lo cual, celebraron dicho anuncio; sin embargo, en un comunicado señalaron que esta reforma debe alinearse a la consulta con los pueblos y comunidades.

“Desde la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), celebramos esta importante noticia, sin embargo, consideramos indispensable que el documento retome las propuestas de la iniciativa entregada al presidente por parte de la tribu Yaqui en septiembre de 2021, que fue consultada con pueblos y comunidades en todo el país”.

En su anuncio el presidente solo mencionó que se elevaría a rango constitucional los planes de justicia a pueblos indígenas. Mientras que todo lo relacionado con sus derechos señaló sería una ley, en tanto se les brindará a estas poblaciones un trato especial dentro del artículo 4, donde se recogen otro tipo de derechos, como los sociales y ambientales.

“Incorporar los planes de justicia de este gobierno es positivo, pero no suficiente. Nos preocupa que esta alusión simplificada y algo ambigua sobre la reforma pueda dejar de lado las diversas propuestas de la iniciativa de reforma constitucional que entregó la tribu Yaqui al presidente, dentro de la cual se plantea una reforma integral de 15 artículos del texto constitucional, que incluye que se reconozca como ‘sujetos de derecho público’, lo que les confiere toda personalidad y capacidad jurídica”.

Además, a diferencia de las otras reformas anunciadas, en este caso se trata de una promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador, asumida desde inicios de su sexenio, por la que se busca saldar la deuda histórica con los 68 pueblos originarios y afromexicano de este país, pero que lleva congelada más de dos años en la Consejería Jurídica de la Presidencia sin haber sido presentada a la fecha ante el Congreso.

Las y los integrantes de ALDEA llaman a estar atentos ante la iniciativa que se presentará, debido a que en caso de presentarse una versión acotada de la reforma, el gobierno incurriría en el incumplimiento de los acuerdos de esa consulta, lo que se consideraría una traición a la confianza de las autoridades de los pueblos y comunidades que participaron en el proceso de construcción de la iniciativa y una violación de su derecho a la consulta indígena.

Antecedente

Cabe señalar que esta iniciativa rescata los acuerdos históricos establecidos en los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, próximos a cumplir 28 años sin que se hagan efectivos. Por ello, y en un contexto por los 30 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, deben establecerse constitucionalmente.

Entre algunos de los acuerdos están el establecer las bases y principios para construir una nueva relación de respeto entre el Estado y los pueblos tanto indígenas como afromexicanos;

– Consolidar su derecho a la libre determinación y a la autonomía para autogobernarse
– Definir sus prioridades de desarrollo y administrar recursos presupuestales de forma directa, justa y equitativa
– Reconocer la relación entre los pueblos y sus territorios, sus sistemas de uso y tenencia de la tierra
– Respecto a sus formas de conservar, proteger y preservar sus territorios y recursos naturales y el derecho que les asiste para decidir y disponer sobre estos

“Por favor recuerde las palabras de jTatik Samuel Ruiz: es un hecho irreversible que ellos son sujetos de su propia historia. Esto ya no tiene vuelta en forma regresiva, sino que va hacia delante”, recordó por su parte Serapaz México, organización de servicio a la paz y la transformación positiva de conflictos sociales.

Por el respeto a sus derechos humanos

El tema de los derechos indígenas y afromexicanos en México es de suma importancia, no solo en el país, sino que es observado a nivel internacional. Recientemente en la comparecencia de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre el Cuarto Examen Periódico Universal (EPU), Canadá preguntó a México justamente sobre sus avances en la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y recomendó garantizar que los pueblos indígenas sean consultados significativamente en los procesos de toma de decisiones de manera horizontal.

En dicha comparecencia, México tuvo más de 300 recomendaciones que los otros países miembros hicieron en materia de derechos humanos, principalmente en temas de de militarización, desapariciones forzadas, asesinato de periodistas y defensores, principalmente indígenas, violencia contra las mujeres y el racismo y discriminación contra comunidades indígenas y afrodescendientes.

Al respecto, Brenda Sánchez, de la organización Aldea, participante en el colectivo EPUmx, detalló que ésta es una oportunidad histórica para avanzar rumbo al ejercicio pleno de los derechos a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos indígenas:

“Es indispensable que el Estado mexicano avance en materia legislativa porque queremos y debemos ser reconocidos como sujetos de derecho público no únicamente como beneficiarios de programas sociales. Los pueblos indígenas no deben ser olvidados, este momento representa una oportunidad histórica para avanzar rumbo al ejercicio pleno de los derechos a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos”.

Mujeres indígenas y afromexicanas

En México el 8.6 por ciento de los hogares son indígenas, en ellos habitaban cerca de 6.4 millones de mujeres, lo que indica que, 1 de cada 10 mujeres en el país pertenece a un hogar indígena.

A pesar de los avances en cobertura, el sistema educativo mexicano aún no ha logrado incorporar de manera pertinente a las poblaciones indígenas y afromexicanas, el rezago educativo sigue siendo muy alto. De acuerdo con el último censo del Consejo Nacional de Población (Censo 2020), el 20 por ciento de las mujeres de 15 años y más residentes en hogares indígenas no sabía leer ni escribir, solo 6.2 por ciento cuenta con educación superior.

El trabajo precario es otra limitante. Cuando se levantó el censo, la principal ocupación de las mujeres indígenas es como trabajadoras en actividades elementales y de apoyo: 27.2 por ciento vendedoras ambulantes, trabajadoras domésticas o trabajadoras de apoyo en actividades agropecuarias y en otros sectores; sólo 11.5 por ciento era profesionista o técnica y apenas 1.1 por ciento era funcionaria, directora o jefa. De las 6.4 millones de mujeres, la tercera parte, 32.0 por ciento, de 15 años y más se encontraba económicamente activa, en contraste, 76.2 por ciento de los hombres.

 En lo que respecta a las mujeres afromexicanas, apenas en el 2020, por primera vez en la historia de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), incluyó en sus censos a la población que se conoce como la tercera raíz cultural: la afrodescendiente y que constituye al 2 por ciento de la población nacional: en total 2 millones 576 mil 213 personas, de las cuales la mayoría son mujeres, con el 50.4 por ciento (1 millón 297 mil 617).

Mientras que un año antes, en agosto del 2019, se publicó una anexión al Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la nación y así garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión.