Un nuevo estudio del Fondo de Población y la organización Plan internacional analiza las causas profundas que empujan a las niñas y jóvenes al matrimonio infantil y las llamadas uniones infantiles y forzadas en América Latina.
El matrimonio infantil no solo se roba la infancia de niñas alrededor del mundo, pero también la de niños, ya que les obliga a asumir responsabilidades de adultos para las cuales no están listos. Nicaragua es el país de América Latina con la mayor prevalencia de este fenómeno.
Con 118 votos, el Senado de la República aprobó una reforma para prohibir el matrimonio infantil, pues se trata de una práctica que viola los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, alertó, conjuntamente con representantes de otras dependencias, a través de un amicus curiae, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permitir el matrimonio antes de los 18 años de edad está en contra del interés superior de la niñez e implica una violación a los Derechos Humanos de niñas y adolescentes.
En México la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio; sin embargo, las legislaciones de Baja California y Sonora, todavía permiten las uniones antes de la mayoría de edad.
El matrimonio infantil es violar los derechos humanos de las niñas y niños, poner en peligro su desarrollo, y trae como consecuencia el embarazo prematuro y el aislamiento social, así como la imposibilidad de acceder a una educación o formación profesional.
La Comisión Permanente del Senado solicitó a los gobiernos de las entidades federativas promover los cambios legislativos para que la edad mínima para contraer matrimonio en México sea a partir de 18 años de edad, e implementar programas integrales de sensibilización sobre las consecuencias negativas del matrimonio infantil en niñas, niños y adolescentes.
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