🛑 Integrantes de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Tijuana han denunciado irregularidades en la expansión de estacionómetros administrados por una empresa privada, la cual estaría imponiendo multas sin contar con facultades legales ni respaldo institucional para hacerlo.
El presidente de la asociación, Guillermo Díaz Orozco, advirtió que este esquema vulnera derechos tanto de la ciudadanía como de trabajadores de la Delegación Centro, sin ofrecer garantías mínimas de seguridad ni beneficios tangibles para la comunidad.
“Un particular está aplicando multas cuando eso es una facultad exclusiva de las autoridades. Tenemos evidencia de que esto está ocurriendo, y constituye una violación directa de la ley”, afirmó Díaz Orozco.
🚷 Falta de seguridad, equipos reciclados y sanciones injustificadas
De acuerdo con el dirigente, la empresa concesionaria no proporciona vigilancia ni mantenimiento en las áreas intervenidas, y ha instalado equipos reciclados que fallan constantemente, generando incertidumbre entre los usuarios y un aumento en sanciones sin fundamento.
También se han documentado afectaciones a accesos escolares y entradas vehiculares, ignorando las disposiciones de tránsito y poniendo en riesgo a estudiantes, residentes y padres de familia. Todo ello, con el fin de ampliar el número de espacios tarifados en calles anteriormente libres.
💰 Tarifas elevadas y ausencia de regulación
Otro punto crítico señalado fue el aumento injustificado de la tarifa por hora, que pasó de 10 a 21 pesos. Además, los dispositivos no aceptan pagos inferiores ni ofrecen cambio, lo que impacta directamente a trabajadores que recurren a las banquetas por falta de estacionamientos privados.
“Al ayuntamiento se le exige que los estacionamientos privados ofrezcan seguro, vigilancia y cortesía de minutos gratuitos. A esta empresa no se le exige nada. Ni seguridad, ni transparencia. No sabemos siquiera a dónde va el dinero recaudado”, cuestionó el líder comercial.
🗣️ Llamado a la transparencia
Frente a esta situación, los comerciantes exigieron al gobierno municipal claridad sobre los términos de la concesión, transparencia sobre los beneficios reales del sistema de estacionómetros y freno a la expansión indiscriminada en zonas con alto flujo peatonal y vial.
Finalmente, Díaz Orozco instó a priorizar los intereses de la comunidad, revisar la legalidad de la concesión y garantizar que cualquier modelo de regulación de estacionamiento sea justo, seguro y conforme a derecho.
