Este 10 de octubre, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, en Documenta hacemos un llamado urgente al Estado mexicano para que cumpla con la transformación del modelo de atención en salud mental hacia uno que garantice el acceso en el primer nivel de atención y que respete los derechos humanos y la voluntad y preferencias de las personas usuarias.
En nuestro más reciente informe “A tres años de la reforma en salud mental y adicciones, ¿qué ha pasado con su implementación?”, nos enfrentamos a un hallazgo alarmante: de las 4,364 personas actualmente internadas en hospitales psiquiátricos en el país, 3,606 lo están de manera involuntaria, lo que representa el 82.6% del total.
Esto ocurre a pesar de que, desde 2022, la Ley General de Salud prohíbe expresamente los internamientos y tratamientos involuntarios, estableciendo como eje central la construcción de servicios comunitarios de salud mental que eviten la institucionalización, sin embargo, los cambios normativos no se han traducido en transformaciones reales que impacten en la calidad de vida de las personas usuarias del sistema de salud mental.
A tres años de la reforma, los hospitales psiquiátricos continúan operando como espacios de encierro y abandono, donde hay personas que llevan más de dos décadas internadas sin una ruta clara de egreso ni un plan individualizado de atención. El traslado de unidades estatales al IMSS-Bienestar tampoco ha derivado en mejoras sustantivas, ni en un proceso claro de supervisión de los compromisos en materia de salud mental.
Desde Documenta sostenemos con firmeza: el encierro no es terapéutico. Reivindicamos un modelo de atención basado en el fortalecimiento de los vínculos comunitarios, la inclusión social y el reconocimiento de la autonomía e independencia de las personas con discapacidad psicosocial.
La plena implementación de la reforma requiere voluntad política, recursos y una visión centrada en derechos humanos.
Por ello, proponemos las siguientes acciones concretas:
- Invertir en servicios comunitarios de apoyo y cuidado que respeten la autonomía de las personas y alivien la sobrecarga que históricamente ha recaído sobre las familias, en especial sobre las mujeres.
- Capacitar al personal de salud mental en prácticas respetuosas de derechos humanos y desinstitucionalización.
- Realizar un censo nacional de personas internadas involuntariamente y diseñar planes individualizados de desinstitucionalización con medidas de reparación del daño.
- Reformar las normas oficiales mexicanas y los protocolos internos para alinearlos con la Ley General de Salud y con estándares internacionales.
- Establecer un mecanismo de supervisión intersectorial, con participación de personas usuarias y expertas por experiencia, que evalúe y oriente la implementación de la reforma en todo el país.
Creemos que un sistema de atención a la salud mental justo, humano y comunitario es posible, pero exige dejar atrás las lógicas de encierro, abandono y violencia que siguen prevaleciendo. Nos urge una #SaludMentalConDerechos.
