La pandemia de COVID-19 afecta drásticamente la vida de las víctimas y supervivientes de la violencia sexual relacionada con los conflictos, así como todos los aspectos del trabajo realizado por las oficinas de la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos y la de la Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, y las Naciones Unidas en su conjunto.
La senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, de Morena, propuso reforzar el marco jurídico sancionador para castigar severamente en quien incurra en el delito de violencia sexual infantil y personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho.
Además del dolor de las víctimas y, además, de suponer una amenaza a la seguridad colectiva, sus efectos pueden repercutir en las generaciones a través del trauma, el estigma, la pobreza, los problemas de salud a largo plazo y los embarazos no deseados.
En 2015, se contabilizaron en México, más de 300 mil niñas, niños o adolescentes entre 12 y 18 años de edad que estaban casados o unidos informalmente. En total, 6.8 millones de mujeres se casaron antes de la mayoría de edad, advirtieron organizaciones civiles con trabajo en infancia.
Este jueves 16 inicia el juicio que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hará al Estado mexicano por el caso de 11 mujeres agredidas sexualmente por policías durante un desalojo ocurrido en la población de San Salvador Atenco, Estado de México, hace 11 años.
En el último año 61.7 por ciento de las mujeres de 15 años y más, que sufrieron algún tipo de agresión dentro del ámbito escolar fueron víctimas de violencia sexual, lo que coloca a esta violencia como la más frecuente hacia las estudiantes.
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