La Magistrada Ana Priscila Valencia Ortega, integrante del Poder Judicial, enfatizó que la perspectiva de género no es un beneficio opcional ni una concesión, sino una obligación constitucional de todas las personas juzgadoras. Según la magistrada, este enfoque es la única vía para emitir sentencias verdaderamente justas que solucionen problemas de desigualdad a través de la interpretación de las normas.
¿Qué es y por qué es necesaria?
La perspectiva de género es una herramienta de análisis que permite identificar y cuestionar las desigualdades y jerarquías basadas en el género. En el ámbito judicial, implica detectar situaciones de vulnerabilidad o desequilibrios de poder.
«El resultado de juzgar con perspectiva de género siempre va a ser una sociedad mucho más justa e igualitaria», señaló la Magistrada.
Un golpe a la cohabitación forzada de menores
Sobre las recientes medidas legislativas, la magistrada celebró la prohibición y tipificación como delito de la cohabitación forzada de menores de edad. Destacó que estas acciones del Congreso para prevenir el abuso, las vejaciones y la explotación de niñas, niños y adolescentes son pasos esenciales para una sociedad de mayor protección de los derechos humanos.
Contexto histórico y evolución técnica
El uso formal de esta perspectiva en México tomó fuerza tras la sentencia del Caso Campo Algodonero (2009). Valencia Ortega destacó que, tras más de un año de trabajo en nuevos planteamientos, la justicia hoy requiere que el rigor técnico esté en su lugar, pero integrando también el aspecto emocional y las nuevas tendencias en sentencias. Para la Magistrada Valencia Ortega, ninguna medida es suficiente si no se activa el mecanismo ciudadano: la denuncia. Fue tajante al señalar que, aunque a veces exista temor, hoy existen más facilidades que nunca. «Siempre la denuncia es lo más importante», recalcó.
Destacó que el Estado ha implementado mecanismos modernos, como la denuncia en línea, para facilitar el acceso y reducir el miedo. La meta es clara: que la sociedad se acerque a las instituciones y que las nuevas herramientas digitales sirvan para que delitos como la cohabitación forzada o el abuso no queden impunes. La justicia comienza cuando la ciudadanía levanta la voz.
