«No podemos admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito»

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DISCURSO DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS), LUIS ALMAGRO, DURANTE LA SESIÓN ESPECIAL DEL CONSEJO PERMANENTE A SOLICITUD DE LA MISIÓN DE ECUADOR SOBRE: NORMAS DE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS Y DEL ASILO»

Los hechos que han ocurrido en Quito y que han afectado la inviolabilidad de la misión diplomática de México vulneran principios fundamentales del derecho internacional universal, americano, convencional y consuetudinario.

Hace apenas dos años el Comité Jurídico Interamericano, a solicitud de la Asamblea General de la OEA, declaraba que “la norma sobre la inviolabilidad de los locales diplomáticos no admite ningún tipo de excepción”, y que “los eventuales abusos a la norma sobre la inviolabilidad de los locales de la misión diplomática, en situaciones relativas a la concesión de asilo diplomático, deben ser resueltos recurriendo exclusivamente a las medidas previstas por el derecho diplomático”. Lamentablemente nada de ello ocurrió el 6 de abril.

En 2012, a pedido de Ecuador que veía amenazada su sede diplomática en Londres, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA afirmó la vigencia plena del pleno respeto de la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas, rechazó cualquier intento que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y reiteró la obligación que tienen todos los Estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales.

No hay duda alguna que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del ordenamiento jurídico internacional, tan caros (valiosos) al sistema interamericano desde sus inicios: la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, y la solución pacífica de las controversias.

La inviolabilidad de las misiones diplomáticas es norma consuetudinaria central en las relaciones entre estados desde tiempos inmemoriales. Sus normas han sido recogidas tanto en el derecho interamericano con la convención de 1928 sobre funcionarios diplomáticos como en el derecho internacional general con la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961. Nada justifica su violación; aceptarla es borrar de un plumazo la norma más elemental sin la cual no hay relaciones diplomáticas posibles entre nuestros países. Los casos en que esta norma ha sido violentadas son recordados por todos como manchas imborrables para aquellos que la cometieron.

Cierto es decir que acá es preciso, en caso de disputa o de controversia, cumplir con otro principio fundamental del derecho internacional también vulnerado en este caso: la solución pacífica de controversias.

No es el uso de la fuerza, la irrupción ilícita a una misión diplomática, ni la detención del asilado la vía pacífica de solucionar esta situación. El capítulo quinto de nuestra carta constitutiva es determinante: “las controversias internacionales entre los Estados Miembros deben ser sometidas a los procedimientos de solución pacífica señalados en esta carta.”

Quiero referirme a dos casos: primero al caso de Elena Quinteros, arrancada por la fuerza por la dictadura uruguaya y desaparecida el 28 de junio de 1976 cuando estaba en los jardines de la embajada de Venezuela. La protesta del embajador venezolano de entonces al viceministro Guido Michelín Salomón respecto a haber arrancado por la fuerza y de manos diplomáticas a Elena Quinteros y haber violentado la jurisdicción y el territorio venezolano.

El segundo caso, de nuestra propia oficina en Managua.

Ninguno de los dos son ejemplos a seguir, y son inadmisibles de todo punto de vista.

No podemos admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito este fin de semana. Debemos exigir que se retome la senda de la legalidad internacional en el pleno respeto a las normas que le son fundamentales y se restituya la situación a su estado anterior antes de abrir el camino para el recurso a las vías pacíficas de solución de las posibles controversias.

Gracias

9 de abril de 2024 – Washington, DC

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