El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, presentó este 11 de diciembre su Primer Informe de Labores, en el que subrayó el inicio de una nueva etapa para el máximo tribunal del país, marcada por la cercanía con la ciudadanía, la transparencia y la eficiencia en la resolución de asuntos.
“Estoy convencido que no puede haber una democracia vigorosa ni una república saludable si quienes hemos sido mandatados por el pueblo nos alejamos de la ciudadanía, la consideramos ajena a nuestra función o le negamos el derecho a participar en la vida pública y en la vida de sus instituciones”, expresó Aguilar Ortiz al inicio de su mensaje.
El presidente de la Corte destacó que en los primeros 100 días de gestión se resolvieron 2,590 expedientes, de los cuales 663 fueron atendidos por el Pleno, 44 por dictamen de ponencias y 1,883 por acuerdo de la Presidencia. En contraste, la anterior SCJN, encabezada en ese entonces por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, en el mismo periodo de 2024 resolvió 2,774 expedientes, pero sólo 75 fueron por el Pleno, lo que refleja un incremento significativo en la deliberación colegiada.
“Hoy, en un ejercicio de mayor concentración de responsabilidades, de deliberación colectiva y máxima publicidad, todos los asuntos que llegan a sesión son analizados por nueve personas ministras y sus equipos, lo que constituye un estándar reforzado de análisis, cuidado institucional y garantía procesal”, afirmó.
Aguilar Ortiz resaltó que el promedio de asuntos resueltos por sesión pasó de 1.8 en la integración pasada a 16.4 en la actual, lo que evidencia un dinamismo sin precedentes. Asimismo, informó que se logró el cumplimiento de 106 resoluciones pendientes, gracias al diálogo con poderes ejecutivos y legislativos, y que la Corte decidió atraer el 47% de las solicitudes de casos relevantes, frente al 20% del año anterior.
En materia de transparencia, el presidente de la SCJN señaló que el 100% de las sesiones públicas del Pleno son transmitidas en vivo, además de la reapertura de las puertas de la Corte para la asistencia ciudadana. “La información pública se asumió como un derecho de la sociedad, no como una concesión institucional”, enfatizó.
El informe también destacó la transformación de Justicia Televisión en Plural Televisión, la reducción de tiempos de trámite de 60 a 15 días para que los asuntos lleguen a las ponencias, y la incorporación de interpretación en lenguas indígenas en materiales de comunicación. “La justicia debe dialogar con las necesidades y problemas de la sociedad, reconociendo que detrás de cada caso y de cada resolución hay personas, historias y comunidades que depositan su confianza en nuestro quehacer institucional”, dijo.
Aguilar Ortiz subrayó que esta nueva etapa de la Corte se sustenta en la legitimidad democrática de sus integrantes, quienes fueron electos por voto popular. “Por primera vez en nuestra historia constitucional, las ministras y ministros de este máximo tribunal fuimos electos mediante el voto popular. Y como nunca antes, la rendición de cuentas es un imperativo legal, ético y social”, señaló.
El Ministro Presidente también hizo referencia al bastón de mando recibido de los pueblos indígenas: “Lo aceptamos no como un adorno ceremonial, sino como lo que verdaderamente representa: la responsabilidad de hablar por los que no pueden hablar, de defender a aquellos que no se pueden defender y de escuchar y entender todas las voces, especialmente de aquellas que históricamente han enfrentado exclusión, discriminación o falta de representación”.
Finalmente, convocó a ministras, ministros y juzgadores a mantener la apertura y el diálogo como ejes de trabajo: “Sólo así podremos construir el México justo que todos y todas anhelamos”.
Acerca del presupuesto para 2026
En el rubro financiero, Aguilar Ortiz informó que la nueva integración de la Corte ha asumido el mandato de la Ley Federal de Austeridad Republicana, eliminando privilegios y ajustando prácticas internas. Gracias a esta política, durante 2026 no serán necesarios los 661 millones de pesos adicionales que habían sido solicitados por la anterior administración.
“Estamos decididos a que los privilegios no vuelvan nunca más y que la Corte sea ejemplo de trabajo, eficiencia, austeridad, honradez y transparencia. Empeñaremos todo nuestro esfuerzo para que así sea”, aseguró el Ministro Presidente.
