El pasado lunes , el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acudió a un encuentro con representantes de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados con el fin de presentar las reformas constitucionales que permitirán sentar las bases normativas para el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad.
Durante el encuentro con el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, y los seis coordinadores de los grupos parlamentarios, el secretario Omar García Harfuch explicó las reformas que forman parte de este proyecto que busca fortalecer las capacidades de investigación para reducir los índices de violencia y combatir la impunidad.
En ese sentido, destacó que con estas modificaciones se mejorará la eficiencia de las investigaciones y las detenciones, así como la judicialización efectiva y la obtención de sentencias condenatorias privilegiando el uso de la inteligencia sobre la fuerza. Es por ello que se planteó una modificación al artículo 21 de la Constitución, que permitirá realizar funciones de investigación de delitos con las demás instituciones de seguridad, siempre bajo la conducción y mando del agente del Ministerio Público, además de reforzar que la SSPC coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad, así como el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública.
Por otra parte, se propone la reforma a 14 de las 27 fracciones del artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el fin de establecer de manera amplia y clara las funciones y alcances en materia de investigación y persecución de los delitos con base en la inteligencia, información estratégica, análisis, colaboración, operaciones especiales y el aprovechamiento de la tecnología, además de que la SSPC realice funciones de coordinación con policías estatales cuando así se requiera.
Asimismo, se plantea la creación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, con la cual se establecerá un marco jurídico que posibilite la obtención y uso de información para el combate de la delincuencia, sobre todo de la investigación y persecución de los delitos de alto impacto.
Con estas reformas, se busca fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad del Gobierno de México para dar cumplimiento a los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad.