El Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, el llamado “Plan B” de la reforma electoral, una propuesta impulsada por la presidenta de México y que busca modificar diversas disposiciones de la Constitución en materia político-electoral. El dictamen obtuvo 87 votos a favor y 41 en contra, alcanzando la mayoría calificada requerida para una reforma constitucional.
La aprobación se dio tras una sesión prolongada marcada por posicionamientos encontrados entre los grupos parlamentarios y por la negociación interna dentro del bloque oficialista. El documento fue remitido a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.
Eliminan cambios a la revocación de mandato
Durante la discusión en lo particular, el Pleno aceptó una reserva presentada por la senadora Lizeth Sánchez García (PT) para suprimir las modificaciones al artículo 35 constitucional, relativas a la revocación de mandato. Con ello, este mecanismo se mantiene en los términos actuales de la Constitución.
Sánchez García explicó que, aunque su bancada respalda el proyecto de gobierno de la presidenta, la revocación de mandato y las elecciones “son mecanismos con propósitos distintos” y que mezclarlos en un mismo proceso electoral “corre el riesgo de distorsionar su sentido democrático”.
La reserva del PT fue la única aceptada, luego de que otras propuestas de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano fueran retiradas, desechadas o enviadas al Diario de los Debates.
Cambios aprobados: ayuntamientos, presupuestos y remuneraciones
El dictamen aprobado incluye reformas a los artículos 115, 116 y 134, con efectos directos en gobiernos locales y autoridades electorales:
Ayuntamientos
- Los municipios podrán integrarse con una sindicatura y hasta quince regidurías, con el fin de homologar criterios y reducir estructuras administrativas.
Presupuestos locales
- Se establece que el presupuesto de las legislaturas estatales no podrá exceder del 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad federativa.
Autoridades electorales
- Consejeros, magistrados y titulares de áreas ejecutivas del INE, organismos públicos locales electorales y tribunales electorales no podrán recibir una remuneración mayor a la de la persona titular del Ejecutivo Federal.
Ajustes presupuestales y régimen transitorio
El proyecto incluye un transitorio que obliga al Senado a reducir su presupuesto en un 15% acumulado durante los próximos cuatro ejercicios fiscales. Además, se establece que las erogaciones derivadas de la reforma deberán cubrirse con los presupuestos ya aprobados, sin ampliaciones adicionales.
Posturas encontradas en el Pleno
La discusión evidenció diferencias entre los grupos parlamentarios:
- Morena, a través de la senadora Martha Lucía Micher, defendió que la reforma fortalece la participación ciudadana y consolida la revocación de mandato como un instrumento de control democrático.
- PAN, representado por Verónica Rodríguez Hernández, acusó que la reforma “vende la idea de eliminar privilegios”, pero en realidad busca “concentrar el poder” y vulnerar el federalismo.
- PRI, mediante su coordinador Manuel Añorve Baños, afirmó que el objetivo del proyecto es “control, no autoridad”.
- PVEM, en voz del senador Waldo Fernández, sostuvo que la reforma establece límites razonables y mejora la eficiencia de los ayuntamientos.
- PT, a través de Alberto Anaya, reiteró su apoyo general al proyecto, pero se deslindó del artículo 35, insistiendo en que la coalición gobernante “está más firme que nunca”.
- Movimiento Ciudadano, con Clemente Castañeda, rechazó el dictamen al considerar que “no tiene impacto positivo” y que “desnaturaliza la revocación de mandato”.
Varios senadores de PAN y MC presentaron votos particulares, pero la Mesa Directiva informó que no se les dio trámite al no cumplir con los requisitos formales.
Lo que sigue
Con la aprobación en el Senado, el dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados, donde deberá discutirse y votarse. De ser avalado también por la mayoría calificada en San Lázaro y posteriormente por la mayoría de los congresos estatales, la reforma quedará incorporada a la Constitución.
