Lo que las autoridades intentaron cerrar como un simple «accidente» en septiembre de 2023, ha sido expuesto como una falla sistémica del Estado. Tras una espera de dos años y medio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) finalmente emitió una recomendación contra el Instituto Nacional de Migración (INM) por la muerte de personas en movilidad humana durante un traslado negligente en Baja California.
Carmina Farrera, de la organización ALMA Migrante, y Paola Morales, de la Asociación de Colombianos en Baja California, denunciaron que el suceso —donde fallecieron dos personas y varias resultaron heridas— no fue un hecho aislado ni accidental, sino el resultado directo de la ausencia de protocolos de seguridad. «No fue un accidente, fue una situación en la que el Estado tenía bajo su resguardo a un grupo de personas y, por la mala conducción, causó la muerte», sentenció Farrera, señalando que el traslado se realizó en horario nocturno y sin considerar la presencia de menores de edad.
Un sistema que llega tarde
A pesar de la gravedad de los hechos, la respuesta institucional ha sido marcada por la lentitud. La recomendación llega casi al cumplirse tres años del incidente, un tiempo en el que las víctimas han sobrevivido sin reparación del daño ni atención médica adecuada. Las activistas calificaron el documento como un «logro grandísimo», no por la eficiencia del sistema, sino porque la mayoría de estos casos suelen terminar en el olvido institucional.
Exigencia de protocolos reales
La recomendación de la CNDH instruye al INM a crear protocolos de traslado obligatorios, especialmente con perspectiva de infancia. Actualmente, el personal opera bajo criterios discrecionales que ponen en riesgo la vida de quienes son detenidos en aeropuertos y trasladados a estaciones migratorias.
Acciones exigidas:
- Inscripción inmediata de las víctimas en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
- Seguimiento a la carpeta de investigación y sanciones administrativas al personal del INM involucrado.
- Elaboración de manuales de traslado que estipulen la responsabilidad civil y penal de los conductores.
Finalmente, los organismos de la sociedad civil (OSC) especializados en movilidad humana subrayaron que su labor de visibilización es el único freno contra la impunidad. Advirtieron que mantendrán la vigilancia en mesas de trabajo con las autoridades para garantizar que el Estado asuma su responsabilidad y que el caso no quede en el olvido, transformando esta tragedia en protocolos reales que protejan la integridad de quienes transitan por el país.
