Tijuana sin control corrupción policial y viudas desprotegidas

Tijuana.— La síndica procuradora Teresita Balderas, responsable del órgano interno de control del Ayuntamiento de Tijuana, enfrenta una doble crisis: la corrupción dentro de la corporación policial y la inconformidad de las viudas de oficiales caídos por los apoyos económicos. Sus declaraciones recientes revelan tanto la complejidad de los procedimientos como las limitaciones estructurales de la sindicatura.

Suspensiones administrativas y corrupción policial

Balderas explicó que la sindicatura solo tiene facultad para suspender policías, mientras que la baja definitiva corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública. En casos de corrupción, los expedientes se turnan a la Fiscalía, involucrando tanto al oficial como al ciudadano que participa en el soborno. Sin embargo, reconoció que los policías recurren a incapacidades falsas para evadir sanciones, incluso con documentos emitidos desde clínicas de otros municipios. La sindicatura ya inició procedimientos contra médicos que otorgan estos formatos apócrifos.

Riesgo de normalizar la corrupción

La síndica advirtió que la difusión de videos en redes sociales puede tener un efecto contraproducente: normalizar la corrupción entre jóvenes y adolescentes, mostrando que “así de fácil se maneja la corrupción en Tijuana”. Aunque la evidencia audiovisual facilita los procedimientos administrativos, Balderas admitió que la sindicatura carece de un sistema propio de monitoreo y depende de apenas 400 cámaras corporales para vigilar a más de 1,200 policías activos en tres turnos.

Retiro de apoyos a viudas de oficiales

Balderas explicó que el apoyo económico —5,800 pesos mensuales, en algunos casos hasta 20,000 pesos dependiendo del número de hijos— se otorgaba únicamente como medida temporal mientras se resolvía la pensión. Sin embargo, varias viudas adoptaron la postura de negar públicamente que recibían ayuda, pese a que la sindicatura les solicitó aclarar que sí estaban siendo apoyadas.

La síndica señaló que esta negativa generó un malentendido mediático, pues se interpretó que el ayuntamiento pretendía sustituir la pensión con un apoyo menor. Ante esta situación, decidió modificar la norma técnica y retirar el apoyo económico, afectando a 29 viudas sin hijos y 63 con hijos, con un total de 697 mil pesos mensuales.

Solo las madres con hijos con discapacidad podrán acceder a un acompañamiento especial, mientras que el resto deberá esperar la resolución de sus pensiones sin este respaldo económico.

Las declaraciones de Balderas ponen en evidencia las limitaciones de la sindicatura:

• Corrupción policial: sanciones que se diluyen en trámites administrativos y evasivas médicas.
• Apoyos sociales: retiro de recursos que golpea directamente a familias vulnerables.
• Monitoreo insuficiente: apenas un tercio de los policías cuenta con cámaras corporales, lo que reduce la capacidad de control real.

La gestión de la síndica procuradora refleja un órgano que actúa más como contenedor de crisis mediáticas que como garante efectivo de justicia y transparencia.