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Sheinbaum apunta a una “mafia electoral” detrás de contratos multimillonarios en el INE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las investigaciones relacionadas con contrataciones de materiales electorales no deben centrarse únicamente en la actual presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, sino en una estructura empresarial que, según una investigación del Gobierno Federal, ha operado desde hace al menos 27 años en distintos organismos electorales del país.

Durante la conferencia matutina del jueves 5 de noviembre, la mandataria presentó los resultados de una investigación realizada por la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, quien expuso el origen y evolución de un grupo de empresas vinculadas a los hermanos José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Hernández Casillas, señalados como beneficiarios de múltiples contratos con órganos electorales estatales y federales. Sheinbaum sostuvo que existe una narrativa que busca responsabilizar exclusivamente a Taddei de las contrataciones recientes, sin considerar los antecedentes del caso. “Quisieron presentar la idea de que el problema era Guadalupe Taddei y que Guadalupe Taddei es de Morena”, afirmó.

La presidenta explicó que Taddei fue nombrada en 2014 como titular del organismo electoral de Sonora por el entonces Consejo General del INE encabezado por Lorenzo Córdova, luego de la reforma electoral que otorgó al instituto la facultad de designar a los consejeros electorales de las entidades federativas. Posteriormente, recordó, llegó a la presidencia del INE mediante un procedimiento de insaculación previsto en la Constitución. “Ella fue nombrada en 2014 como presidenta del organismo electoral de Sonora por Lorenzo Córdova y este grupo de consejeros electorales del INE”, señaló.

Por su parte, Buenrostro detalló que los antecedentes de los hermanos Hernández Casillas se remontan a la década de los ochenta, cuando trabajaron en el Registro Nacional de Población (Renapo) y posteriormente en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), donde estuvieron vinculados a Juan Carlos Padilla Aguilar, a quien identificó como un personaje clave en la conformación de la red. La funcionaria indicó que, tras abandonar el servicio público, ambos comenzaron a constituir empresas dedicadas a proveer materiales y servicios electorales.

La investigación presentada sostiene que estas compañías comenzaron a participar en contrataciones relacionadas con organismos electorales desde finales de los años noventa, particularmente en el Estado de México. Buenrostro recordó que en 2005 se registró un escándalo relacionado con contratos electorales en esa entidad que derivó en la renuncia de siete consejeros electorales. “Ya con una empresa que se llama Cartonera Plástica empiezan a participar como proveedores en materia electoral en el Estado de México”, explicó.

De acuerdo con la información expuesta, el crecimiento más significativo de estas compañías ocurrió después de la reforma electoral de 2014. Según los datos obtenidos a partir de fuentes abiertas, entre 2014 y 2023, 23 de los 32 organismos públicos locales electorales asignaron contratos por más de dos mil millones de pesos a empresas vinculadas con los Hernández Casillas. Para el periodo 2024-2025, la cifra identificada asciende a 646 millones de pesos en 15 entidades federativas.

Buenrostro aseguró que las empresas operaban mediante esquemas que simulaban competencia en los procedimientos de contratación. Según explicó, distintas razones sociales vinculadas entre sí participaban en una misma licitación para aparentar competencia, aunque los beneficios terminaban concentrándose en las mismas personas. “Todas las empresas estaban relacionadas o vinculadas con los hermanos Hernández Casillas y se ponían de acuerdo quién iba a ganar”, afirmó.

Asimismo, señaló que las investigaciones realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han detectado características asociadas con empresas fachada, entre ellas la falta de empleados registrados, domicilios compartidos, teléfonos coincidentes y mecanismos de dispersión de recursos hacia otras compañías. “Lo que se observa es que todas estas empresas funcionan como empresas fachada”, sostuvo.

Sheinbaum también vinculó a los empresarios con figuras que actualmente participan en organizaciones políticas surgidas recientemente. La mandataria destacó que Juan Carlos Padilla Aguilar, identificado como quien incorporó a los hermanos Hernández Casillas al sector público, mantiene actualmente vínculos políticos con integrantes del partido Somos, donde participan personajes como Lorenzo Córdova, Edmundo Jacobo Molina y Marco Antonio Baños.

La presidenta sostuvo que el caso revela una estructura que trascendió administraciones y reformas electorales. “No nació con Taddei ni con nadie recientemente. Tiene muchos años y se fortaleció justamente en esa época”, afirmó al referirse al periodo en que el Consejo General del INE tuvo la facultad de nombrar a todos los consejeros electorales estatales.

Durante la conferencia también se informó que la Unidad de Inteligencia Financiera decidió inmovilizar algunas cuentas relacionadas con las investigaciones derivadas de observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación. No obstante, tanto Sheinbaum como Buenrostro señalaron que serán las instancias competentes, entre ellas la ASF, la Fiscalía General de la República y la propia UIF, las encargadas de determinar posibles responsabilidades administrativas, fiscales o penales.

Finalmente, la presidenta anunció que el Gobierno Federal presentará la próxima semana un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México, organismo responsable de producir la documentación electoral federal. Además, insistió en la necesidad de transparentar por completo las contrataciones relacionadas con boletas, papelería y materiales electorales tanto en el INE como en los organismos electorales de las entidades federativas. “Tiene que cambiar y transparentarse por completo las contrataciones de papelería electoral y de materiales de los organismos electorales estatales y del Instituto Nacional Electoral”, concluyó.

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