El exprocurador fiscal de la federación y actual subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, aseguró que las compañías, empleando su estructura legal y corporativa, han impugnado y retrasado la emisión de una sentencia definitiva que las obligaría al pago de sus impuestos.

En un caso, dijo, la empresa interpuso un juicio de amparo que un tribunal colegiado intentó resolver en 2021, sin embargo, la propia corporación lo impidió al solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejercer su facultad excepcional de atracción, lo que suspendió temporalmente la resolución del asunto.

Desde diciembre de 2022, el ministro Luis María Aguilar Morales hizo suya la petición de la empresa y, en esta etapa, el expediente estuvo guardado casi ocho meses, sólo para resolver si la Corte tenía o no interés en conocer el fondo del asunto. Mediante una votación pública, en la que sólo el ministro Aguilar apoyó su proyecto, los ministros de la Segunda Sala determinaron que el asunto ya había sido debatido en numerosos precedentes judiciales y lo devolvieron al tribunal colegiado.

La titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, puntualizó los argumentos de defensa que Grupo Salinas ha utilizado en sus estrategias legales durante los juicios. Por ejemplo, las empresas usan interpretaciones a modo para justificar un supuesto cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Además, los procedimientos y controversias que promueven, interponen recursos o medios de prueba que resultan innecesarios con la finalidad de retrasar la resolución de los asuntos.

Al respecto, afirmó que “las autoridades fiscales han acudido a todas las instancias judiciales para contestar cada una de las demandas y cada uno de los recursos que interponen”.

La información completa de los procesos fiscales, anexos y datos de los tribunales colegiados estarán disponibles en el portal del Gobierno de México, mencionó el subsecretario Medina Padilla.

El presidente López Obrador confío en que el Poder Judicial, particularmente el tribunal colegiado responsable de resolver el caso, otorgue una resolución pronta antes de concluir el sexenio.

“Lo único es que el Poder Judicial, que es al que le corresponde resolver sobre este asunto, lo haga con prontitud, es decir, que haya justicia expedita, que no se vayan a seguir aplicando tácticas dilatorias y termine mi gobierno y quede este asunto ahí, pendiente. (…) Ni modo que en seis meses no van a resolver un asunto tan importante, ¿cómo no va a ser importante si estamos hablando del presupuesto de un estado de la República?”, planteó.

Reafirmó que la exposición de la deuda de las empresas de Salinas Pliego con la Hacienda pública no tiene el propósito de afectar, sino de impedir la condonación de impuestos a grandes empresas y erradicar la corrupción.

“No estamos en contra de los empresarios, no todo el que tiene es malvado. Al contrario, el empresario que invierte, que genera empleos, merece respeto; contribuye al desarrollo del país. Nosotros estamos en contra, siempre lo hemos dicho, de la riqueza mal habida, estamos en contra de la corrupción. Yo cada vez estoy más convencido que el principal problema de México era la corrupción y, si hemos podido avanzar, se debe a que estamos limpiando de corrupción el gobierno”, enfatizó.