Diputadas y diputados de los seis grupos parlamentarios expresaron sus puntos de vista a favor y en contra en el marco del dictamen a la minuta que reforma y adiciona disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Intervenciones a favor y en contra
Al iniciar la discusión en lo general, el diputado César Israel Damián Retes (PAN) dijo que no pueden apoyar un dictamen que busca una venganza política. “No podemos apoyar la destrucción judicial, tampoco el sometimiento y la desaparición de la división de Poderes”. La República, afirmó, “está en juego”. “No niego los problemas que existen, pero no se acaba la corrupción con esta reforma; se disfraza el nepotismo”.
Por Morena, la diputada Elena Edith Segura Trejo comentó que se busca construir un Poder Judicial honesto, transparente, eficiente y eficaz; por ello, el artículo 526 en su párrafo tercero señala que se podrá requerir a las personas candidatas de la información necesaria para verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuge, concubinas y concubinarios y dependientes económicos directos.
De MC, el diputado Pablo Vázquez Ahued indicó que una reforma al sistema de justicia debe mejorar el acceso a la misma y las condiciones de defensa de los derechos de las y los ciudadanos, pero la actual no contribuye a ese propósito y solo abre la puerta a un control político del Poder Judicial y de las entidades federativas, empeorando el acceso a la justicia y “pavimentando el camino para retroceder a una autocracia institucionalizada”.
A su vez, el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo (PVEM) subrayó que el Poder Judicial debe ser un ejemplo de imparcialidad y transparencia, lejos de cualquier influencia externa, ya que solo de esa manera se podrá recuperar la confianza pública de la ciudadanía, especialmente de los que menos recursos tienen y a quienes, en ocasiones, han sido abandonados por la justicia.
Arturo Yáñez Cuellar, diputado del PRI, consideró que la justicia no se rifa, más bien se defiende y prevalece siempre ante el autoritarismo. “Estamos por una justicia sin colores porque ésta no es mérito de un partido o gobierno, sino de años para establecer un Estado de derecho con normas que regulen las acciones. Vender la idea de que el pueblo elegirá a jueces es una acción del gobierno autoritario para perpetuarse en el poder”.
El diputado de Morena, José Carlos Acosta Ruiz, destacó que con las modificaciones se acabará con ministros, magistrados y jueces con sobresueldos o por consigna, y tendrán que ir a elección. La reforma “es inédita, no solo en México, sino en todo el mundo, por lo que cada proceso implica un nuevo reto a sortearse en armonía y unidad para su correcta aplicación. Seremos ejemplo mundial”.
Por el PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández hizo notar que si alguien tenía duda que la reforma judicial y las leyes secundarias son inconstitucionales e ilegales, este dictamen lo confirma, pues “contiene un mecanismo perverso de engaño y embustía a toda la ciudadanía”. En la legislación hay un enorme vacío para conformar los Comités de Evaluación, existe antinomia constitucional y una violación del artículo 105 de la Carta Magna.
La diputada Estela Carina Piceno Navarro (Morena) aseguró que el dictamen dota de certeza jurídica a una de las elecciones más importantes del país. “La reforma de hoy deviene del artículo 8º transitorio de la reforma constitucional que concede un plazo para que el Congreso expida reglas claras para que las y los mexicanos puedan escoger quiénes serán ministros de la SCJN, magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito y jueces de Distrito”.
Del PRI, la diputada Verónica Martínez García señaló que la propuesta, lejos de dar certeza y legalidad al proceso de elección de ministros, magistrados y jueces, genera incertidumbre e inestabilidad. “Se requiere de una reforma al Poder Judicial que acerque la justicia a la ciudadanía, proteja sus derechos y fortalezca a las fiscalías, ministerios públicos y juzgadores; no una reforma que debilite los ejes de la democracia”.
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) dijo que la reforma plantea un procedimiento claro en la Ley General para la selección de candidaturas a los cargos de elección del Poder Judicial, a efecto de que no sólo sea limpio y transparente, sino abra un proceso para impugnar si no resultaran electos. “Cualquier persona puede aspirar a esos puestos, siempre que cumpla con los requisitos. Abrimos la justicia al pueblo de México”.
Laura Cristina Márquez Alcalá, diputada del PAN, lamentó que se esté legislando con prisas, a través de ocurrencias, caprichos y mediante procesos regresivos que dañan y vulneran los derechos de las personas. El juez no representa el criterio de las personas o ciudadanos; debe tener un criterio propio para resolver. “No queremos que la justicia se construya lanzando monedas al aire”.
Por su parte, el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) puntualizó que es falso que se viole el artículo 105 de la Carta Magna porque se trata de un procedimiento establecido en el artículo octavo transitorio de la reciente reforma constitucional. Tampoco se está violentando la autonomía del Poder Judicial. “Estamos cumpliendo el mandato que nos dieron las y los ciudadanos el 2 de junio y por eso lo estamos ejerciendo con plenitud y soberanamente”.