El diputado federal de Morena por Baja California, Gilberto Herrera Solórzano, propuso crear una comisión especial que impulse criterios éticos y de responsabilidad en las compras realizadas por el Gobierno de México, con el objetivo de excluir a proveedores vinculados con crímenes de lesa humanidad o violaciones graves a los derechos humanos.
El legislador planteó la propuesta durante una intervención relacionada con el Grupo de Amistad Estado de Palestina, del cual forma parte en la Cámara de Diputados. Herrera representa al Distrito 6 de Baja California en la LXVI Legislatura. [sitl.diput…dos.gob.mx]
Herrera sostuvo que, ante la situación que enfrenta la población palestina y las afectaciones a niñas y niños, las manifestaciones de preocupación deben acompañarse de acciones concretas. En ese contexto, planteó que la comisión tenga como eje principal promover compras públicas éticas y responsables.
La iniciativa propuesta por el diputado buscaría abrir una revisión sobre los criterios utilizados para contratar proveedores del Gobierno de México y establecer mecanismos que permitan identificar posibles vínculos con violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Herrera propuso además aprovechar la relación entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República para establecer conversaciones con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como con otras dependencias involucradas en la regulación y ejecución de las adquisiciones gubernamentales.
Entre las instituciones que mencionó se encuentran la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Gobernación y Hacienda, además de las dependencias relacionadas con energía e infraestructura. También planteó incorporar a organizaciones de la sociedad civil, activistas y representantes del ámbito académico.
El legislador consideró que establecer este tipo de criterios permitiría trasladar la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional a decisiones concretas dentro de la administración pública, particularmente en el ejercicio de los recursos destinados a adquisiciones gubernamentales.
Herrera llamó a pasar de las expresiones de preocupación e indignación a medidas institucionales que puedan tener consecuencias en las decisiones de compra del Estado mexicano. La propuesta deberá traducirse en mecanismos jurídicos y administrativos antes de que una eventual política de exclusión de proveedores pueda aplicarse.
Con este planteamiento, el diputado bajacaliforniano busca colocar la política de adquisiciones públicas dentro de la discusión sobre derechos humanos y responsabilidad institucional, vinculando las decisiones de contratación gubernamental con los principios que México sostiene en materia internacional.
