Durante la discusión en lo general de las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC, en las primeras dos rondas de intervenciones, externaron sus puntos de vista a favor y en contra del dictamen que establece que el Estado queda a cargo de la transición energética, y modifica la naturaleza jurídica de “empresas productivas del Estado” por “empresas públicas del Estado”.
Primera ronda
Al manifestarse a favor, la diputada Magda Erika Salgado Ponce (Morena) señaló que las reformas garantizan la autosuficiencia y la disponibilidad energética de la nación, establecen las bases para una transición energética ordenada, crean las condiciones favorables para fortalecer la economía nacional, buscan hacer efectivo el derecho humano de acceso a la energía eléctrica y que haya equilibrio en la participación de los sectores público y privado de la industria, a fin de garantizar un abasto a menor costo.
La diputada María Josefina Gamboa Torales (PAN) comentó que el dictamen está lleno de mentiras, pues se habla de soberanía cuando el 90 por ciento que requiere la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para producir energía, proviene de Estados Unidos y así continuará durante este sexenio. “Todos saben que a la población se le cobra el recibo de la luz dos veces: una, a través de un subsidio que sale de los 123 millones de pesos de impuestos y cada año se le dan a CFE, y la otra a través de un recibo muy caro e injusto”.
Por el PT, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez aseguró que se van a fomentar las energías limpias y no se le está diciendo que no a la iniciativa privada, ya que se reconoce que son importantes para que pueda caminar mucho mejor la CFE; solamente “estamos cambiando el porcentaje, es decir la CFE se haga cargo del 54 por ciento y la iniciativa privada del 46 por ciento”.
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, diputada de MC, dijo que los mexicanos están orgullos de las enormes capacidades y potencial energético con el que cuenta el país, pero se debe reconocer que en el orden de sacar el máximo provecho de ese potencial y que se traduzca en bienestar y prosperidad, las empresas del Estado han sido insuficientes por sí mismas para explotarlo y resolver la exigencia de los y las mexicanas.
La diputada de Morena, Gabriela Valdepeñas González estimó que el sistema eléctrico nacional debe mantenerse como industria prioritaria para fortalecer la soberanía y el bienestar de la sociedad bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas; por ello, “debemos realizar una reflexión seria y sensata y sumarse al esfuerzo para saldar la deuda histórica que se tiene con la ciudadanía. Votemos a favor como un acto de justicia social”.
A su vez, el diputado Paulo Gonzalo Martínez López (PAN) expuso que las reformas no solo reestructuran las empresas estatales, sino concentran el poder en la CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex), eliminan la competencia, al frenar las inversiones privadas, lo cual pone en riesgo la eficiencia y sostenibilidad del sistema energético. “El dictamen tiene un significado de incertidumbre; por ello, nos oponemos porque ya se han visto las consecuencias de una mala operación y administración”.
Carmen Patricia Armendáriz Guerra, diputada de Morena, hizo notar que el objetivo es preservar la seguridad y la autosuficiencia energética y proveer electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, a fin de garantizar la seguridad nacional y la soberanía a través de las empresas públicas del Estado, así como transitar lo antes posible a la producción de energías limpias sin impedir la contratación de servicios de empresas privadas. “Su aceptación no disminuye el campo de acción para la participación privada”.
La diputada del PAN, Eva María Vásquez Hernández, mencionó que concentrar el poder no es la solución, pues Pemex y CFE se han convertido en empresas opacas e ineficientes que drenan recursos públicos sin ofrecer mejora alguna. Centralizar el control no traerá beneficios, sino más corrupción, ineficiencia y carga para las familias mexicanas. Hay que impulsar la competencia para motivar a las empresas y ofrecer mejores servicios a precios justos.
Del PVEM, el diputado Alejandro Pérez Cuéllar resaltó que con el dictamen se busca garantizar que cada mexicano y mexicana tenga acceso a los servicios esenciales de electricidad e internet, y que sus derechos sean una realidad y no una promesa vacía. “Las reformas son mucho más que una simple modificación legal; son una declaración de justicia, es devolverle al pueblo lo que siempre fue suyo. CFE volverá a ser una empresa pública fuerte al servicio del pueblo, no de los intereses privados”.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) puntualizó que la reforma tiene muchas ambigüedades en su redacción, no es clara y tiene un alto contenido ideológico sin ver la posibilidad de contar con más inversiones y que los costos de la energía sean más baratos para la población. Se pone en riesgo a las inversiones y al tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. “Nos va a restar competitividad y es una regresión jurídica”.
De Morena, el diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos consideró que al aprobar la reforma se preservará la seguridad y la autosuficiencia energética al menor precio posible; es decir, ya no más lucro con la energía. “Hoy se tiene la oportunidad histórica de acuñar, con el voto a favor, un nuevo episodio en la vida pública y ser recordados porque se fortaleció la rectoría del Estado sobre los recursos naturales para el beneficio del pueblo”.
José Guillermo Anaya Llamas, diputado del PAN, precisó que entre las consecuencias negativas que se darán con la reforma son: mayor inflación, aumento a la canasta básica, el recibo de la luz, la gasolina y combustibles más caros. “Con esto, el monopolio del Estado lo único que tendrá es más corrupción, más ignorancia y, por supuesto, en perjuicio de las y los mexicanos. Acción Nacional va a votar en contra de estas arbitrariedades”.
Segunda ronda
La diputada Felicita Pompa Robles (Morena) dijo que es momento de retomar el control de los recursos y construir un futuro energético que priorice el desarrollo social sostenible. El tema es crucial pues busca fortalecer al Estado mexicano, asegurando la estabilidad suficiente y la autonomía energética. “La propuesta surge de la necesidad de garantizar energía a todos los mexicanos y se garantiza electricidad e internet para toda la población”.
Verónica Pérez Herrera, diputada del PAN, externó que la reforma representa un retroceso que afectará los bolsillos de las familias mexicanas porque menos competencia significará más gastos. “Se quiere seguir concentrado el poder en empresas públicas mal manejadas, lo cual terminará subiendo los precios de la electricidad y el internet. No solo se ignora la competencia sino se afecta a la economía al imponer monopolios”.
Por su parte, el diputado Ricardo Gallardo Juárez (PVEM) pidió el voto a favor, con la finalidad de garantizar una transición energética que promueva el uso de energías limpias y renovables que se reflejen en tarifas más justas para todas y todos los mexicanos. Se requiere bajar las tarifas eléctricas al campo, debido a que por los altos costos de la electricidad los campesinos han dejado de sembrar su tierra, lo que impide que se logre la autosuficiencia alimentaria.
De MC, la diputada Patricia Flores Elizondo manifestó que todas y todos quieren que para el 2030 el 45 por ciento de la energía sea sustentable para dejarle a niñas y niños un futuro con una vida verde y sustentable. “En nuestro partido estamos convencidos de que no podemos aprobar esta reforma porque de hacerlo en el mediano plazo no tendríamos energía suficiente para impulsar el desarrollo”.
Mónica Fernández Cesar, diputada de Morena, señaló que con la aprobación del dictamen se asegura que ninguna empresa privada tenga prevalencia sobre empresas públicas del Estado en las actividades de la industria eléctrica y ello beneficiará a la ciudadanía al garantizar que la esencia de la CFE sea cumplir con responsabilidad social la continuidad y accesibilidad del servicio con mayor eficiencia y a menor costo.
El diputado Fidel Daniel Chimal García (PAN) aseveró que las reformas plantean una competencia desleal para pequeños operadores del servicio, rompen el equilibrio en el mercado y abonan a un competidor que se maneja muy por debajo de los precios, lo cual tendrá repercusiones económicas y en la calidad del servicio. Se acercan a prácticas monopólicas que generan más costo y los principales ganadores no son los ciudadanos, sino altos funcionarios y socios del gobierno.
La diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz (Morena) aseguró que hoy se da un paso crucial hacia la soberanía energética del pueblo de México. Con el dictamen se recupera el control del Estado sobre la generación de energía, el petróleo y las telecomunicaciones, garantiza que el Estado asuma su rol como garante de derechos y necesidades, asegura que los recursos sean administrados en beneficio de todos y todas y no de unos cuantos”, y declara que el internet sea un área estratégica.
Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, diputada del PAN, puntualizó que la reforma está diseñada para beneficiar a unos cuantos a costa del bienestar de las y los mexicanos, cuando el país merece un futuro con más energía, competencia, eficiencia y transparencia. “Acción Nacional cree en un mercado energético donde se fomente la competencia, la innovación y las energías limpias. Queremos empresas públicas transparentes y eficientes y que no se conviertan en fuente de corrupción y derroche”.
Del PT, el diputado Pedro Vázquez González indicó que hoy se está haciendo justicia para el pueblo de México y se devuelve al Estado el control de los recursos naturales, la transición energética y las telecomunicaciones; se garantiza el acceso equitativo a los servicios, previene monopolios y asegura la protección de los recursos y riqueza del país. “La electricidad, el petróleo, el litio y otros recursos son del pueblo y deben estar en manos del Estado”.
El diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que, del PRI, precisó que el dictamen afecta a todas y todos los mexicanos, es una farsa y endeuda al más pobre, porque traiciona el dicho de que primero el pueblo. Conminó a diputadas y diputados a reflexionar y votar en contra para que México y las nuevas generaciones tengan más y mejores oportunidades.
Francisco Javier Velázquez Vallejo, diputado de Morena, recalcó que a través de esta reforma se recupera la soberanía energética y, por ende, la rectoría del Estado sobre las industrias eléctrica y petrolera. “Estamos convencidos de que el Estado es quien debe garantizar la economía, el bienestar, la seguridad y la soberanía energética del país. Se permitirá la inversión privada en un 46 por ciento”.
Julen Rementería Del Puerto, diputado del PAN, subrayó que la reforma otorga más facultades a dos empresas del Estado que en los últimos años no han logrado revertir las malas condiciones, pues en el caso de Pemex, a pesar de recibir una inversión de 1.9 billones, produce menos energía que en 2018 y tiene la producción más baja en 45 años, por lo que se pronunció en contra del dictamen.
