La socióloga Alizee Loza se sumó al posicionamiento emitido por Susana Barrales Honorato, fundadora y directora de La Casita de UT, respecto al caso de Karime Emmanuel, mujer trans intervenida por integrantes de la llamada Patrulla Espiritual en Tijuana. Ambas coincidieron en que los hechos constituyen un acto de violencia simbólica, estructural y de privación de la libertad, que vulnera de manera directa la dignidad y los derechos fundamentales de la víctima.
Loza cuestionó la falta de reconocimiento a la identidad de género de Karime, señalando que expresiones como “corte de varón” o “vístanlo de hombre” no son simples comentarios, sino intentos de anular su identidad. Subrayó que este tipo de acciones representan violencia simbólica, pues buscan borrar a la fuerza quién es ella. “Da rabia e impotencia ver la insensibilidad de quienes, bajo un disfraz de ‘ayuda’, ejecutan actos de profunda violencia”, expresó.
La socióloga enfatizó que, además de la violencia simbólica, se incurrió en violaciones graves a la Libertad Personal, a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y al Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad. Señaló que ningún grupo de particulares tiene la facultad de capturar a una persona, difundir su imagen sin consentimiento o ignorar sus súplicas de libertad. Estas acciones, afirmó, constituyen un atropello directo a los principios básicos de dignidad humana y a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
En sintonía con lo expresado por Susana Barrales, Loza recordó que las adicciones dentro de la comunidad LGBTQ+ tienen causas multifactoriales, entre ellas el rechazo familiar, la violencia estructural, la discriminación y la falta de oportunidades. Subrayó que estos procesos no se atienden mediante humillación, coerción o internamientos forzados, los cuales contravienen la NOM‑028‑SSA2‑2009, normativa que regula el tratamiento de adicciones en México. “Estos contextos no se ‘sanan’ con violencia ni con prácticas que vulneran derechos”, puntualizó.
Barrales, desde La Casita de UT, había advertido previamente sobre el riesgo de que este tipo de intervenciones reproduzcan dinámicas similares a prácticas de corrección o castigo hacia personas trans, disfrazadas de ayuda espiritual o moral. Ambas especialistas coincidieron en que la difusión de imágenes sin consentimiento, la imposición de estereotipos de género y la retención forzada constituyen actos que deben ser investigados y sancionados.
Finalmente, Loza sostuvo que el respeto irrestricto a la identidad y dignidad de las personas trans no es una sugerencia, sino una obligación legal y ética. Afirmó que el enfoque de interseccionalidad, inclusión y no discriminación debe guiar toda acción institucional y comunitaria, garantizando la protección plena de los derechos de quienes históricamente han enfrentado violencia y exclusión. Tanto ella como Barrales hicieron un llamado a las autoridades para que se tomen medidas que eviten la repetición de estos hechos y se garantice la seguridad y el respeto hacia las personas trans en Baja California.
