Investigadores de El Colef exponen en Obregón, Sonora, que el estrés térmico es una crisis de vulnerabilidad social y justicia climática, donde más del 14% de la población vive en condiciones críticas.
Las olas de calor extremo y las temperaturas persistentes en la frontera norte del país han dejado de ser solo un fenómeno biofísico para convertirse en una crisis de vulnerabilidad social, pobreza energética y justicia climática.
Durante un coloquio académico organizado por El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) en Ciudad Obregón, Sonora, investigadores especializados en riesgo y adaptación al cambio climático advirtieron que factores como las deficiencias constructivas de las viviendas, la falta de aislamiento térmico y los altos costos del consumo eléctrico impiden a miles de familias protegerse del estrés térmico en estados como Baja California y Sonora, donde este año se registraron nuevamente incrementos en las muertes asociadas a las altas temperaturas.
El Dr. Rigoberto García, investigador de El Colef, expuso un análisis fundamentado en los datos de la Encuesta Nacional sobre el Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares (ENSEBI), destacando que para comprender el impacto del calor en la región no basta con medir indicadores aislados, sino que debe analizarse la capacidad real de adaptabilidad de cada hogar.
Un problema multidimensional: Cinco realidades en el norte
Superando la visión tradicional que analiza variables aisladas, los especialistas utilizaron un enfoque configuracional de capacidad adaptativa que identificó cinco grupos o clústeres de hogares frente al calor extremo:
- Aislamiento térmico y alta disponibilidad de AC (4.8%): Hogares con viviendas construidas bajo criterios bioclimáticos (aislamiento en techos, paredes y doble acristalamiento) y equipamiento de refrigeración adecuado.
- Alta climatización activa (5.3%): Viviendas que carecen de aislamiento térmico pero suplen la deficiencia manteniendo sus equipos encendidos por largos periodos, absorbiendo un alto costo financiero.
- Climatización con ventiladores (15.5%): Familias que dependen principalmente de ventiladores y un uso sumamente acotado de aire acondicionado (con mayor presencia en entidades como Nuevo León y Tamaulipas).
- Baja intensidad de climatización (60.4%): El grupo más amplio. Viviendas que cuentan con al menos un equipo de aire acondicionado o ventilador, pero restringen su uso por no poder pagar la tarifa eléctrica.
- Condiciones críticas (14.0%): Hogares en situación de extrema vulnerabilidad, con materiales precarios en sus viviendas y nula o mínima capacidad energética para mitigar las altas temperaturas.
«Hablar de pobreza energética y asociarla exclusivamente a factores económicos es quedarnos en un nivel superficial; estamos hablando de necesidades fundamentales para el mantenimiento, la reproducción y la preservación de la vida» — Dr. Alejandro Salguero / Equipo de Investigación.
El «Derecho a la Energía» y la salud integral
Durante el encuentro en Obregón, los ponentes enfatizaron que los satisfactores energéticos (como el acceso continuo a refrigeración o aire acondicionado) son imprescindibles para garantizar derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución:
- El derecho a la salud integral: El estrés térmico prolongado impacta la salud física (previniendo golpes de calor y complicaciones cardiovasculares en adultos mayores y mujeres embarazadas) y la salud mental, asociándose también con tensiones en el núcleo familiar e incrementos en los niveles de violencia.
- El derecho a una vivienda digna: Requiere de capacidades adaptativas pasivas de diseño y materiales que eviten que la casa se convierta en una trampa de calor.
- El derecho a la alimentación: La refrigeración continua es clave para la correcta conservación de los alimentos.
Costo global y perspectiva a futuro
A nivel internacional, citando reportes del IPCC y del Boston Institute of Climate Impact Research, en la literatura especializada se destaca que las olas de calor provocan un promedio de 546 mil muertes anuales, la pérdida de 639 mil millones de horas de trabajo potencial (datos de 2024) y pérdidas económicas asociadas que superan los 1.09 billones de dólares, dejando además a más de 123 millones de personas en inseguridad alimentaria por sequías derivadas.
Frente a este panorama, los investigadores concluyeron que resulta urgente diseñar políticas públicas situadas y territorializadas que contemplen subsidios tarifarios focalizados e incentivos para la mejora bioclimática de las viviendas, evitando que las brechas socioeconómicas sigan determinando quién puede o no protegerse del calor extremo en el norte del país.
