Integrantes de la comunidad artística de Ensenada manifestaron su oposición a que una parte de los terrenos del Centro Estatal de las Artes de Ensenada (CEARTE) sea destinada a instalaciones del Poder Judicial del Estado, al considerar que el espacio debe conservar su vocación cultural y mantenerse disponible para el desarrollo de las artes.
El abogado Antonio Pacheco Ortiz, integrante y expresidente de la Barra de Abogados de Ensenada, explicó que se encuentra apoyando a los artistas que cuestionan la asignación de 5 mil metros cuadrados para la instalación de juzgados civiles y familiares. Aclaró que la inconformidad no es contra la operación de los órganos jurisdiccionales, sino respecto a su ubicación en una zona destinada a actividades artísticas.
“Yo soy abogado y tengo muchos años litigando. Me interesan los juzgados, no estamos en contra de ellos”, puntualizó Pacheco Ortiz, quien señaló que existen otros terrenos donde podrían construirse las nuevas instalaciones judiciales sin ocupar una superficie que la comunidad cultural considera necesaria para el crecimiento de sus actividades.
El abogado destacó que alrededor del CEARTE existe una dinámica vinculada con distintas disciplinas y expresiones culturales, con la participación de músicos, bailarines, escultores, pintores y jóvenes formados en instituciones educativas de la región. También mencionó la cercanía del Riviera como parte de un entorno que históricamente ha concentrado actividades culturales y turísticas en Ensenada.
Una de las preocupaciones planteadas por los artistas es que la asignación inicial de 5 mil metros cuadrados pueda abrir la posibilidad de una ampliación posterior de la infraestructura judicial hacia otras partes del predio. Por ello, buscan que se reconsidere la determinación y que el terreno permanezca disponible para proyectos relacionados con el arte y la cultura.
Pacheco Ortiz señaló que la comunidad conoció la medida después de que los actos administrativos correspondientes fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado. Ante esta situación, artistas y representantes de la sociedad civil comenzaron a organizarse para solicitar a las autoridades estatales una revisión de la decisión.
Como parte de estas gestiones, integrantes de la comunidad cultural expusieron su posición ante la secretaria de Cultura de Baja California, Alma Delia Ábrego Ceballos, durante un encuentro en el que diversos participantes presentaron argumentos en defensa de la permanencia de los terrenos para fines culturales.
Según Pacheco Ortiz, funcionarios estatales se comprometieron a trasladar la información y los planteamientos de los inconformes al Ejecutivo estatal. Los artistas esperan que el asunto pueda resolverse por la vía administrativa mediante la cancelación de los actos que permiten destinar la superficie al Poder Judicial.
El litigante adelantó que, de manera paralela, se prepara un juicio de amparo que podría promoverse ante tribunales federales en caso de no obtener una solución administrativa. Indicó que esta vía sería utilizada como una alternativa legal para buscar la protección del espacio.
Insistió en que el movimiento no cuestiona la necesidad de contar con instalaciones adecuadas para los nuevos juzgados civiles y familiares, sino que plantea la búsqueda de otra ubicación. Desde su perspectiva, las necesidades de infraestructura judicial pueden atenderse sin reducir la superficie disponible para proyectos culturales en el CEARTE.
La controversia coloca en discusión el uso futuro de los terrenos que rodean al Centro Estatal de las Artes de Ensenada y la necesidad de conciliar el crecimiento de la infraestructura pública con la preservación y desarrollo de espacios dedicados a las actividades artísticas y culturales de la ciudad.
