La nueva legislación sobre personas con autismo o alguna neurodivergencia en Baja California deberá ir más allá del reconocimiento de derechos y establecer autoridades responsables, presupuesto, plazos y mecanismos que permitan exigir su cumplimiento, planteó Ismael Estrada Maldonado, fundador del Consejo por la Seguridad y el Bienestar Social de Tijuana A.C.
Durante su participación en el Foro de Parlamento Abierto “Nueva Ley de Autismo y Otras Neurodivergencias”, organizado por la diputada Daylín García, Estrada Maldonado señaló que uno de los principales retos consiste en evitar que la inclusión permanezca únicamente como una declaración de principios.
“No basta con escribir derechos en una ley; hay que hacerlos exigibles”, sostuvo el activista, quien propuso que la legislación determine claramente qué autoridades estarán obligadas a garantizar los derechos de las personas neurodivergentes, de qué manera tendrán que hacerlo y cuáles serán los mecanismos de seguimiento y evaluación.
Uno de los principales temas de su propuesta fue la educación inclusiva. Estrada Maldonado planteó que niñas, niños y adolescentes no sean rechazados, condicionados o excluidos de los centros educativos debido a su condición neurodivergente y que se garanticen los ajustes y apoyos requeridos para su formación.
Entre estos apoyos consideró la posibilidad de contar con acompañamiento educativo individualizado cuando sea necesario, además de evitar que los costes derivados de garantizar esas condiciones sean trasladados injustificadamente a las familias.
La propuesta también contempla la participación de los siete ayuntamientos de Baja California, a los que correspondería, dentro de sus respectivas atribuciones, elaborar o armonizar reglamentos y programas municipales relacionados con la neurodiversidad.
Estos instrumentos, señaló, podrían comprender áreas como atención ciudadana, seguridad pública, protección civil, desarrollo social, cultura y deporte, además de capacitación para servidores públicos. Estrada Maldonado consideró necesario que las acciones cuenten con responsables, presupuesto e indicadores que permitan evaluar sus resultados.
Otro de los planteamientos presentados durante el foro fue dotar a la legislación de lo que denominó una “ley con dientes”, expresión con la que se refirió a establecer consecuencias y procedimientos ante el incumplimiento de las obligaciones previstas.
En ese sentido, propuso crear rutas claras para la presentación de quejas, definir autoridades responsables de atenderlas, establecer plazos de respuesta y contemplar medidas correctivas y mecanismos de seguimiento. Asimismo, planteó la generación de indicadores públicos, informes periódicos y evaluaciones institucionales.
“Una ley no puede decir solamente lo que las autoridades deben hacer; tiene que establecer qué pasa cuando no lo hacen”, expresó.
Estrada Maldonado sostuvo finalmente que garantizar la inclusión de las personas neurodivergentes no debería depender de decisiones particulares de una institución, escuela o servidor público, sino de obligaciones establecidas dentro del marco jurídico estatal.
“La inclusión no puede depender de la buena voluntad de una persona, de una escuela o de una autoridad. Debe estar respaldada por la ley; y cuando un derecho está en la ley, debemos tener también las herramientas para hacerlo valer”, concluyó.
“La inclusión no puede depender de la buena voluntad de una persona, de una escuela o de una autoridad. Debe estar respaldada por la ley; y cuando un derecho está en la ley, debemos tener también las herramientas para hacerlo valer”, concluyó.
