La diputada local de Morena, Dunnia Montserrat Murillo López, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Baja California con el objetivo de tipificar y sancionar las denuncias e imputaciones falsas realizadas contra personal docente y directivo de instituciones educativas.
La propuesta contempla la adición de los artículos 320 Ter y 320 Quater, con la finalidad de establecer mecanismos legales que permitan actuar cuando una acusación sea formulada de manera dolosa y sin sustento, afectando la integridad profesional y personal de quienes trabajan en el sector educativo.
De acuerdo con la legisladora, la protección planteada en la iniciativa no está dirigida a personas específicas, sino a la función educativa que desempeñan docentes y directivos, independientemente de que laboren en instituciones públicas o privadas.
Murillo López enfatizó que la reforma no pretende limitar el derecho de las víctimas a denunciar hechos que consideren irregulares o constitutivos de delito. Por el contrario, sostuvo que busca garantizar que ese derecho se ejerza de manera responsable y sin que sea utilizado como mecanismo de presión, represalia o afectación injustificada contra terceros.
La diputada subrayó que las denuncias legítimas constituyen una herramienta indispensable para la protección de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, consideró que una acusación deliberadamente falsa representa una distorsión de ese derecho, al perjudicar a la persona señalada, distraer recursos institucionales y afectar la credibilidad de las denuncias auténticas.
Al presentar la iniciativa, la legisladora señaló que en los últimos años se ha observado una creciente exposición de casos en los que integrantes del personal educativo han sido denunciados públicamente sin que existan elementos suficientes para sustentar los señalamientos.
Indicó que el uso de redes sociales y plataformas digitales ha contribuido a que determinadas acusaciones se difundan rápidamente, generando juicios anticipados que pueden vulnerar el principio de presunción de inocencia antes de que las autoridades concluyan las investigaciones correspondientes.
Según la exposición de motivos, en Baja California se han documentado casos en los que docentes fueron separados de sus funciones, exhibidos públicamente o sometidos a procedimientos administrativos derivados de denuncias que posteriormente resultaron infundadas o inconsistentes.
La legisladora sostuvo que la ausencia de mecanismos claros para distinguir entre denuncias sustentadas y aquellas presentadas con dolo o mala fe puede propiciar abusos que terminan afectando tanto a las personas señaladas como a la propia finalidad de protección del alumnado.
Con esta propuesta, Murillo López afirmó que se busca avanzar hacia un marco jurídico que fortalezca la confianza en las instituciones educativas, proporcione mayor certeza al personal docente y directivo, y preserve al mismo tiempo los mecanismos destinados a la protección de estudiantes y comunidades escolares.
La iniciativa deberá seguir el proceso legislativo correspondiente en el Congreso del Estado para su análisis, discusión y eventual dictaminación.
