lunes, febrero 17, 2025

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El tribunal de Turkmenistán debe ordenar la libertad del ecologista Farid Tukhbatullin

Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Federación Internacional de Helsinki por los Derechos Humanos, la Liga Internacional de Derechos Humanos y el Centro Ruso de Derechos Humanos Memorial han pedido a las autoridades que pongan en libertad al preso de conciencia Farid Tukhbatullin y retiren todos los cargos en su contra.

El juicio contra Farid Tukhbatullin al parecer dará comienzo el 4 de marzo en la capital turcomana de Ashgabat. Existen temores fundados de que pueda ser juzgado sin las debidas garantías.

Además, desde que el abogado de Farid Tukhbatullin vio a su cliente hace más de un mes, se le ha impedido acceder a él en cuatro ocasiones con diversos pretextos. El 26 de febrero, por ejemplo, se le dijo que no podía ver a Farid Tukhbatullin debido a unas «obras de reparación» que se estaban realizando en el centro de aislamiento para investigación del Ministerio de Seguridad Nacional.

«Creemos que los cargos formulados contra Farid Tukhbatullin obedecen únicamente al propósito de castigarlo por ejercer su derecho internacionalmente reconocido a la libertad de expresión, y por su pacífica labor como activista de la sociedad civil. Por lo tanto, debe quedar inmediatamente en libertad» ha afirmado el 28 de febrero la coalición de grupos de derechos humanos.

Fuentes fidedignas han informado de que muchos detenidos han sido torturados y maltratados en el centro de aislamiento para investigación del Ministerio de Seguridad Nacional, donde Farid Tukhbatullin lleva recluido nueve semanas.

Farid Tukhbatullin, copresidente del Club Ecológico en su localidad natal de Dashoguz, en el norte de Turkmenistán, fue detenido el 23 de diciembre de 2002 y conducido al centro de aislamiento para investigación del Ministerio de Seguridad Nacional, situado en la capital, Ashgabat. Está acusado de haber cruzado ilegalmente la frontera desde Uzbekistán (artículo 214 del Código Penal turcomano) y de ocultar un grave acto delictivo (artículo 212).

El primer cargo se refiere a que, por motivos desconocidos, los guardias de fronteras turcomanos no le sellaron el pasaporte a su regreso de Uzbekistán; el segundo está relacionado con su asistencia a una conferencia internacional, organizada por la Federación Internacional de Helsinki por los Derechos Humanos y el Centro Ruso de Derechos Humanos Memorial, dedicada a cuestiones de derechos que abarcaban desde la libertad de expresión hasta los derechos de los niños. Farid Tukhbatullin fue acusado de negarse a revelar información sobre los planes concebidos por los grupos de oposición en el exilio para dar un golpe de Estado, planes que, según las autoridades, se discutieron en la conferencia.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Federación Internacional de Helsinki por los derechos humanos, la Liga Internacional de Derechos Humanos y el Centro Ruso de Derechos Humanos Memorial — cuyos delegados asistieron a la conferencia— afirman que en el foro de la conferencia no se debatió en ningún momento sobre el derrocamiento violento del gobierno.

La presión ejercida sobre Farid Tukhbatullin se había incrementado en las semanas siguientes a su regreso de la conferencia. Dos semanas antes de su detención le habían citado en la sede regional del Ministerio de Seguridad Nacional en Dashoguz e interrogado sobre su participación en la conferencia celebrada en Moscú.

Un alto funcionario le dijo lo siguiente: «No podemos prohibirle que participe en conferencias como ésa, pero espero que conozca las consecuencias que puede acarrearle».

Información general
La situación de los derechos humanos en Turkmenistán es terrible desde hace años, pero se ha agravado más tras un presunto ataque armado contra la caravana presidencial de vehículos blindados en noviembre de 2002, que desató una nueva campaña de represión en el país.

Durante la última década, el presidente Niazov ha gobernado en medio de una situación desastrosa en materia de derechos humanos. El gobierno no tolera la disidencia, ejerce un férreo control sobre los medios de comunicación y coarta la libertad de expresión. Las únicas religiones autorizadas son el islam suní y la ortodoxia rusa; otros cultos religiosos son perseguidos. Las minorías étnicas sufren discriminación. La libertad de circulación está sometida a duras restricciones. El gobierno no permite que actúen las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Ha prohibido el circo, la ópera y la orquesta filarmónica, y ha cerrado la Academia de Ciencias.

El 25 de noviembre de 2002, un grupo de hombres armados asaltaron la caravana presidencial de vehículos blindados e hirieron a una persona. La campaña general de represión que sucedió al atentado podría haber animado a las autoridades a detener al ecologista Farid Tukhbatullin y a coartar la libertad de expresión y el trabajo de los defensores de los derechos humanos.

Según datos oficiales, se ha detenido a 67 personas por su presunta implicación en el intento de magnicidio, aunque muchos creen que el número real es superior. Muchos de los detenidos tenían relaciones de parentesco con personas asociadas a la oposición turcomana en el exilio. Se han dictado sentencias condenatorias contra 59 personas en juicios celebrados a puerta cerrada ante tribunales carentes de independencia judicial. Los acusados no dispusieron de abogados de su elección y, según informes, algunos de los abogados que les fueron asignados de oficio expresaron públicamente su disgusto ante la perspectiva de defenderlos. Los informes indican asimismo que a muchos de los detenidos los torturaron y maltrataron para obligarlos a confesar o inculpar a otros.

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