El derecho a la identidad no es una abstracción jurídica es la puerta de entrada a la ciudadanía, reconocido tanto en el Artículo 4.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en el Artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin un acta de nacimiento, el Estado ignora la existencia de un ser humano y le posterga el acceso a la salud, la educación y la protección legal.
Sin embargo, para las familias diversas en Baja California, hacer valer este derecho exigió derribar barreras institucionales y prejuicios burocráticos desde la sociedad civil.
La historia de la activista tijuanense Verónica Ávalos refleja la lucha comunitaria que convirtió el derecho a la identidad en una realidad accesible para la diversidad familiar en la región.
De una barrera personal al activismo colectivo
Ávalos, psicóloga industrial, estudiante de derecho y criminología, y fundadora del colectivo Familias Diversas en Baja California, inició su labor de acompañamiento por una necesidad directa. Como madre no gestante, enfrentó la negativa de las autoridades locales para reconocer el vínculo legal con su hijo.
«Al indagar, me di cuenta de que no era un caso solamente mío, sino de muchas familias que optaban por registrar a sus hijos como madres solteras, aun cuando ya tenían una familia conformada», relata la activista, quien también es colaboradora del colectivo Diversas y Visibles y del espacio Marcha Nacional Bisexual.
En el pasado, las familias lesbomaternales, homoparentales o «chaternales» —término empleado para denominar a los núcleos donde uno de los tutores es una persona trans— debían costear juicios de amparo cuyo costo oscilaba en los 50 mil pesos para lograr la inscripción de sus recién nacidos.
Frente a la falta de protocolos de atención con perspectiva de género e inclusión en los registros civiles de la entidad, los colectivos asumieron la tarea de transformar la gestión pública desde sus bases.
Capacitación directa a servidores públicos
A través de foros de actualización jurídica organizados en recintos como el Centro Cultural Tijuana (CECUT), y mediante un proceso de formación impartido por la propia Ávalos a los servidores públicos del Registro Civil durante el último año, se dotó al personal de las herramientas legales para atender de manera adecuada las solicitudes de filiación diversa.
El impacto de esta capacitación garantiza hoy que el principio de igualdad y no discriminación en materia de registro civil sea efectivo en la práctica cotidiana.
«Ahorita ya no hay complicaciones en el Registro Civil. Tu servidora capacitó el año pasado y ya sin ningún inconveniente cualquier persona puede llegar a un módulo, preguntar y les dan la información para que en ese momento puedan efectuar ellos el proceso», destaca Ávalos. «Anteriormente cobraban mínimo 50 mil pesos por un amparo; ahorita ya nada más con que paguen la expedición del acta de nacimiento, el trámite queda realizado»comentó Verónica Ávalos.
Un derecho fundamental sin condicionamientos
El reconocimiento oportuno de la filiación familiar elimina la vulnerabilidad jurídica en la infancia y materializa las garantías constitucionales de no discriminación y protección a la organización de la familia.
Aunque colectivos locales continúan brindando acompañamiento técnico en casos complejos o de alta controversia, la simplificación del trámite en Baja California representa un precedente fundamental en el noroeste del país: el acceso al nombre, a la personalidad jurídica y a la protección del Estado dejó de depender de la capacidad económica para costear un juicio.
