Los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI revelaron una realidad crítica para el estado: el 4.3% de la población en Baja California vive con alguna discapacidad o limitación, pero el rubro que registró el aumento más severo fue el de las discapacidades causadas por accidentes, pasando del 12.3% al 16.4% en los últimos cinco años.
Este incremento refleja las secuelas de la violencia vial, el crecimiento desordenado y las deficiencias en la infraestructura de la metrópoli, convirtiendo a la movilidad urbana en un factor directo de riesgo para la salud física de los habitantes.
Una ciudad hostil para la movilidad reducida
A pesar de que el 86.6% de la población cuenta con afiliación a servicios de salud, la atención médica choca de frente con un entorno urbano que margina a las personas con discapacidad.
En Tijuana, la falta de banquetas transitables, la ausencia de rampas reglamentarias en la vía pública y un sistema de transporte desprovisto de unidades adaptadas imponen barreras cotidianas. A esto se suma la escasez de centros de cuidado y rehabilitación pública, lo que limita de forma drástica la inclusión social y la autonomía de miles de tijuanenses.
