Tijuana vuelve a ser el epicentro donde chocan las realidades de dos naciones. Este lunes, la frontera se convirtió en el escenario de un debate crudo, necesario y sin concesiones durante la presentación del libro Balas con remitente (Editorial Porrúa), la más reciente investigación del destacado periodista Francisco Cota Meneses.
Acompañado por un panel integrado por el Maestro David Jesús Rincón Rey,presidente de Fedapo y el Dr. Edgardo Flores Campbell, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, el evento abandonó rápidamente el protocolo para adentrarse en las entrañas de un fenómeno que desangra a ambos lados de la frontera: el tráfico ilegal de armas de uso militar.
Un país exporta armas y el otro pone muertos
Al tomar la palabra, Francisco Cota Meneses lanzó una pregunta incómoda que ya resuena en los tribunales internacionales: ¿Qué responsabilidad tienen las empresas armamentistas estadounidenses cuando saben que sus fusiles de asalto terminarán en manos del crimen organizado en México?
Para el autor, existe una omisión legal e institucional flagrante en Estados Unidos. Mientras industrias como la tabacalera o la farmacéutica enfrentan regulaciones severas, las armadoras operan bajo un manto de inmunidad financiera y política gracias al poderoso cabildeo de la Asociación Nacional del Rifle y la Segunda Enmienda. «No existe el tráfico ilegal de armas sin producción, distribución y comercialización legal», sentenció Cota Meneses. «Es una paradoja brutal. Si en México tenemos menos armas, en Estados Unidos habrá menos dosis de fentanilo. En ambos países, habría muchos menos muertos».
Esta postura fue respaldada en materia jurídica por David Rincón Rey, quien destacó la trascendencia de las demandas interpuestas por la cancillería mexicana en Massachusetts y Arizona contra las armadoras. Aunque muchos tildaron la estrategia de «ilusa», Rincón Rey enfatizó que ya se ha sentado un precedente histórico en la Corte Suprema de EE.UU. para revisar la laxitud de leyes estatales (como las de Texas) que facilitan el flujo de armamento hacia las aduanas mexicanas.
La debilidad institucional y el abandono policial en México
Sin embargo, el debate alcanzó su punto más álgido con la intervención del Dr. Edgardo Flores Campbell. Desde su perspectiva como tijuanense que creció bajo la sombra de eventos históricos —como la masacre del McDonald’s de San Ysidro en 1984— y su experiencia como excomisario de la Policía Federal, Flores Campbell matizó la tesis del libro. Para el especialista, culpar únicamente a las armas es ignorar la raíz del problema doméstico: la profunda crisis institucional y la corrupción en México.
«Las armas potencian la capacidad de violencia, pero no son el principal factor», argumentó Flores Campbell. «Hoy la disputa de los carteles ya no es solo por la droga sintética; es por el territorio para imponer lo más rentable: el cobro de piso y la extorsión. Y para eso no siempre se ocupan armas, se ocupa impunidad».
Flores Campbell lanzó una dura crítica a la clase política local y nacional, contrastando los excesivos presupuestos asignados a los legisladores de Baja California con las carencias de las fuerzas del orden. «Tijuana requiere entre 7,000 y 9,000 policías; hoy solo tiene 1,200. Tenemos policías mal pagados, sin seguros de vida dignos, obligados a comprar sus propios insumos. Mientras los gobernantes prioricen la lógica electoral sobre el fortalecimiento institucional, difícilmente habrá soluciones», concluyó.
Un espejo incómodo para la frontera
La presentación de Balas con remitente celebrada hoy en Tijuana deja claro que la crisis de seguridad no puede resolverse con discursos unilaterales. Entre la urgencia de frenar el flujo de rifles de asalto desde el norte y la imperiosa necesidad de sanear, pagar bien y reconstruir las policías desde el sur, la nota de cierre de este encuentro es una advertencia: el tiempo se agota, y la factura se sigue pagando con vidas humanas en ambos lados de la línea internacional.
